Analistas: Presupuesto equilibrado significa sanidad fiscal y económica

El Presupuesto General del Estado para el próximo año, aprobado esta semana por la Asamblea Legislativa, es considerado por varios analistas como un instrumento equilibrado que supone beneficios para el país en materia fiscal y económica. «Tener un presupuesto equilibrado también significa que existe sanidad económica y fiscal», aseveró el analista y sociólogo Mauricio Rodríguez.

Recordó que el de 2026 es el segundo presupuesto estatal balanceado que se aprueba y permite al Gobierno del presidente Nayib Bukele solventar todos los compromisos internos, como el gasto corriente. Aclaró que lo anterior no significa que no existan préstamos para inversión, explicando que en los gobiernos de ARENA y el FMLN los créditos se utilizaban para cumplir compromisos internos, como el pago de salarios y bonos, entre otros.

«Ahora todo eso está cubierto con la asignación presupuestaria y con la recaudación fiscal que se tiene, que no es mala», afirmó Rodríguez, agregando que los préstamos ahora se destinan a inversión en infraestructura y al desarrollo de proyectos emblemáticos.

La distribución de los $10,555.5 millones solicitada por el Ejecutivo tuvo algunas modificaciones, con base a la reforma constitucional número cinco de la Asamblea Legislativa, que eliminó el piso presupuestario del Órgano Judicial, que era del 6 % de los ingresos corrientes del Estado, que para el próximo año alcanzaba los $533.4 millones.

Dicho recorte, por el orden de $164 millones, se orientó a las carteras de Salud, Educación, Agricultura, Transporte y Hacienda. «El Órgano Judicial tenía una asignación alta que no se reflejaba en su ejecución ni en resultados, y lo que se busca es ordenar los gastos y evitar el despilfarro; es decir, acciones como estas permiten sanear la hacienda pública», aseveró Nelson Flores, experto en administración pública.

A su juicio, esta es una de las acciones que deben realizar los países para evitar el déficit presupuestario y mantener el equilibrio fiscal. Una opinión similar expresó el docente y escritor Rafael Góchez, quien considera que «el Órgano Judicial debe trabajar con un presupuesto asignado según sus necesidades, monitoreado año con año».

Agregó que «una asignación automática de un porcentaje fijo no es sana, ya que abre demasiadas puertas a gastos no prioritarios y genera privilegios para un solo órgano del Estado».

Góchez sostuvo que son los titulares de las instituciones estatales quienes mejor conocen las necesidades de cada área, así como sus limitaciones; por tanto, consideró que esta medida «refleja un equilibrio entre lo que se quiere y lo que se puede, y permitirá continuar con diferentes obras y proyectos».

Con relación a este punto, Rodríguez agregó que la medida de reducción responde a un criterio y principio de igualdad; en consecuencia, el Órgano Judicial deberá «justificar», al igual que el resto de carteras de Estado, ante la Asamblea Legislativa todos sus gastos, que para 2026 se proyectan en $369.2 millones.
«El país se encuentra en una etapa de ajuste y es necesario maximizar los recursos», indicó Rodríguez.