La Asamblea Legislativa ha realizado una contribución importante, a través de la aprobación de múltiples decretos, para garantizar la seguridad jurídica por los terrenos que por décadas han habitado familias de escasos recursos a escala nacional.
Algunos de esos decretos llevan el propósito de conceder la entrega de escrituras de propiedad a diferentes comunidades que por diversas razones se establecieron en terrenos desocupados que son propiedad del Estado, los cuales han habitado de manera ininterrumpida y pacífica.
Desde 2022, la Asamblea Legislativa, con mayoría de la bancada de Nuevas Ideas, ha avalado 11 decretos, incluyendo reformas a la «Ley especial para la legalización de calles, tramos de calle, de carretera, de derechos de vía y antiguos derechos de vía, declarados en desuso y desafectados como de uso público, para ser transferidas en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan», lo cual ha permitido beneficiar a 990 familias que ahora cuentan con la titularidad de sus casas.
El decreto más reciente aprobado por el congreso en dicho tema fue emitido el 23 de septiembre pasado, para beneficiar a 60 familias de la comunidad caserío La Concordia, en el distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
El 14 de agosto de 2024 fueron emitidos tres decretos orientados a reducir el déficit habitacional en el país, los cuales beneficiaron a 456 familias, al brindarles certeza jurídica.
Uno de esos autorizó al Ministerio de Defensa donar al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) una parcela que era parte de la finca Venecia, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, beneficiando a 220 familias que ocupan ese lugar desde hace 22 años debido a que perdieron sus viviendas por los terremotos de enero y febrero de 2001.
El otro decreto autorizó al Fondo Social para la Vivienda (FSV) transferir a Fonavipo un terreno ubicado en Las Joyas de Apazonte, en la finca Gran Bretaña, distrito de San Martín, San Salvador Este, donde se asentaron 156 familias que conforman desde hace 15 años la comunidad 1° de Junio. El decreto garantiza que no serán desalojados.
Un tercer acuerdo legislativo autorizó al Ministerio de Obras Públicas y Transporte donar a Fonavipo un terreno donde se construirá un edificio que tendrá 80 viviendas para familias de la colonia Nicaragua, afectadas por desbordamientos e inundaciones.
El trabajo del congreso salvadoreño también brindó respaldo habitacional a 266 familias de San Miguel, a través de tres decretos emitidos para entregar escrituras a 155 hogares del Proyecto Las Margaritas y el Proyecto Urbina, en área conocida como Hato Nuevo; 27 en la comunidad Machado, en el distrito de San Miguel; y 84 en el Proyecto La Pradera, en El Tránsito. También, en la zona oriental, otras 45 familias de la comunidad El Chorizo, en Usulután Oeste, fueron apoyadas con sus escrituras.
El pleno también apoyó a 142 familias de occidente, de las cuales 100 son hogares de la comunidad en el caserío San Cristóbal, en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste; y 42 de la comunidad El Caracol, en Juayúa, Sonsonate Norte, que tenían más de 50 y 30 años de vivir en la incertidumbre por la falta de escrituras.
La necesidad habitacional en San Salvador también ha sido atendida por el primer órgano del Estado con un decreto que benefició a 22 familias de la comunidad Vista Alegre, en el kilómetro 3.5 de la carretera a los Planes de Renderos.
El apoyo legislativo no se reduce a la titularización; también se han gestionado recursos con multilaterales para permitir que hogares con un ingreso de hasta cuatro salarios mínimos accedan a créditos hipotecarios de hasta $40,000, para ser pagados hasta en 30 años.
De esos financiamientos se destina el 50 % para otorgar créditos a mujeres jefas de hogar y $800,000 a aquellas familias con integrantes que tienen algún tipo de discapacidad.
