Las autoridades reportaron la captura de al menos cinco empresarios del transporte colectivo, entre ellos, el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez, por boicotear el servicio de traslado de pasajeros, con lo cual afectaron a miles de personas en todo el país.
Ramírez fue detenido tras asistir a las oficinas del Viceministerio de Transporte (VMT) para sostener reuniones entre el Gobierno y los transportistas para dar soluciones a la orquestada escasez de buses en diversas rutas que debían brindar el servicio de forma gratuita, durante toda la semana, como una alternativa, establecida por el Gobierno, a la problemática generada por el cierre de la carretera Los Chorros.
La Policía también reportó las detenciones de José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán; Alexander Sorto, empresario de la ruta 205 de Sonsonate; Abel Reina, empresario de las rutas 125 de Chalatenango y 140 de San Martín; y Nelson David Moreno, empresario de la ruta 79 de La Libertad.
Tras la captura de los transportistas, el presidente Nayib Bukele advirtió que su Gobierno no permitirá paros en el transporte público y que las autoridades no permitirán que traten de aterrorizar a los salvadoreños.
«Se acabaron los tiempos en los que los transportistas ponían a temblar a nuestro país con sus paros de transporte. El Salvador ha cambiado, y nadie volverá a aterrorizar a nuestro pueblo. Jamás», publicó el mandatario.
Bukele invitó a los transportistas a brindar el servicio al 100 % y de forma gratuita durante toda esta semana, en todo el país, tal como fue acordado.
«El Gobierno les pagará hasta el último centavo. No tienen motivo para no hacerlo. O bien, intenten seguir afectando al pueblo… y enfrenten las consecuencias. Ustedes deciden», detalló el presidente.
Los buseros serán acusados por los delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión.
El delito de incumplimiento de deberes está tipificado en el artículo 321 del Código Penal (CP), en este se establece que el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período.
«Cuando el incumplimiento del deber dé lugar a un hecho delictivo, o sea motivo de otro, la sanción se incrementará en una tercera parte del máximo establecido e inhabilitación del cargo por igual período», dice la ley.
Mientras que, el delito de denegación de auxilio, estipulado en el artículo 323 del CP, establece que el funcionario o empleado público agente de autoridad o autoridad pública o el encargado de un servicio público que sin causa justificada omitiere, rehusare o retardare la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad competente, será sancionado con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el desempeño del empleo o cargo por igual tiempo.
El domingo, luego que el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que el tramo de la carretera Panamericana conocido como Los Chorros estará cerrado del 5 al 11 de mayo, Bukele, anunció que todo el transporte público de pasajeros brindaría el servicio de forma gratuita en todo el país, como una alternativa para reducir el tráfico en las rutas alternas y ayudar a los usuarios a desplazarse hasta sus trabajos.
«Entendemos las molestias que genera el tráfico adicional por los trabajos en la carretera de Los Chorros. Por eso, además de las otras medidas de mitigación, hemos decidido que durante toda esta semana el transporte público será completamente gratuito. Esto incluye buses y microbuses, tanto urbanos como interdepartamentales, especiales y ordinarios. Todos», publicó el mandatario en sus redes sociales.
Sin embargo, desde tempranas horas del lunes, muchos empresarios y motoristas decidieron no sacar sus unidades de transporte generando caos e incertidumbre en toda la población.
Ante la escasez de unidades y la negativa de los transportistas, el presidente Bukele ordenó a la Policía proceder contra los propietarios de rutas de transporte público que se negaron a prestar el servicio, pese a que el Gobierno se comprometió a cubrir el 100 % de sus ingresos diarios durante esta semana.
El VMT también detalló que sancionaron a un conductor de la ruta 201 por cobrar pasaje a los usuarios. «Estamos dando seguimiento a todas las denuncias para identificar infractores y aplicar las sanciones», informó la institución.
