La comisión de salud, agricultura y medioambiente de la Asamblea Legislativa ingresó una nueva iniciativa del Ejecutivo para aprobar la Ley de Investigación para la Salud, que busca promover, desarrollar y regular todos los proyectos de investigación científica que generen o amplíen los conocimientos relacionados con este campo.

La iniciativa del ministro de Salud, Francisco Alabi, señala la necesidad de establecer estándares internacionales éticos en los procesos de investigación pública o privada.

El cuerpo normativo propuesto incluye la protección de los derechos, el bienestar y la seguridad de los participantes en los procesos, así como la promoción de la sostenibilidad financiera y los incentivos de la investigación para la salud.

El anteproyecto, que está publicado en el portal web de la Asamblea Legislativa, considera que la investigación para la salud con seres humanos implica la recopilación o el análisis sistemático de datos, un proceso en el cual los seres humanos están expuestos a la intervención, observación u otra interacción con los investigadores de manera directa o mediante la alteración del entorno.

Debido a lo anterior, la propuesta de ley establece los estándares éticos relacionados con las buenas prácticas clínicas que se aplican en el diseño, la conducción, realización, el monitoreo, la auditoría, el registro, análisis y reporte de estudios, con el objetivo de proporcionar una garantía de que los datos y resultados son creíbles y precisos; asimismo, se protegen los derechos, la integridad y confidencialidad de los sujetos de estudio.

La propuesta de ley también establece los criterios que se toman en cuenta para determinar la aceptabilidad ética, que son el valor social, la validez científica, la selección justa de participantes, el proceso de consentimiento informado, el respeto por las personas, la justa retribución económica por los costos asumidos durante la investigación e indemnización acorde con los riesgos.

Para lograrlo, el Ministerio de Salud propone la creación del Instituto Nacional de la Salud como el ente ejecutor de la normativa, a través del Comité Nacional de Ética de la Investigación de la Salud, que será una entidad descentralizada con autonomía funcional y técnica.

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