La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado B de San Miguel, en donde a través de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), se determinó que cometieron los homicidios en septiembre de 2019 en San Rafael Oriente, San Miguel.
Según las investigaciones de la fiscalía, los imputados asesinaron a las víctimas por incumplir las reglas internas de la pandilla.
Mientras en los casos de extorsión, a las víctimas les exigían entre $70 y $100 mensuales o una entrega de $2,000.00a cambio de dejarlas trabajar y no asesinarlas. Estos hechos ocurrieron en Jiquilisco, Usulután.
