Siete miembros de pandillas fueron condenados a penas de prisión que van desde los 20 hasta los 50 años de cárcel por el delito de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Uno de los sentenciados es Henry Francisco Gómez, quien recibió una condena de 50 años de prisión por extorsionar a una víctima en el cantón Puerto Parada, de Usulután. El caso sucedió en el año 2022.
«La FGR comprobó en juicio que el procesado, en nombre de la pandilla, le exigía el pago mensual a la víctima a cambio de no asesinarla», informó la Fiscalía en un boletín de prensa.
Por ese caso y otro más, también fueron condenados otros cinco pandilleros identificados como: Melvin Isaac Ortiz Chavarría, Darwin Alexander Rodríguez Mejía, José Rubén Castro, Wílber Antonio Gómez Cruz y César Alexander Moreira Martínez, quienes fueron sentenciados a 40 años de cárcel.
Asimismo, por el mismo delito también Juan Antonio Lovato Ovando, fue condenado a 20 años de prisión por un caso de extorsión agravada. Todos estos procesados fueron capturados a través del régimen de excepción.
También, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a un colaborador de las estructuras de la pandilla MS13 que se dedicaba a traficar drogas y armas de fuego entre las zonas occidental y oriental del país, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El delincuente identificado como Franklin Alonso Portillo Hernández fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de tráfico ilícito y tráfico ilícito de armas de fuego. Los delitos cometidos por Portillo Hernández ocurrieron entre los años 2015 y 2020, cuando el procesado trasladó entre 15 y 60 libras de marihuana y armas de fuego desde Santa Ana hasta la zona oriental del país.
«El ilícito era almacenado en una vivienda ubicada en el distrito de El Tránsito, San Miguel. Desde ese lugar el procesado distribuía y comercializaba la droga, así como las armas de fuego», informó la Fiscalía a través de un reporte de prensa.
Uno de los hechos que se contemplaban en el proceso judicial contra Portillo Hernández es que se documentó que en una ocasión se trasladó desde El Tránsito hasta el cantón El Jobo, de Usulután, donde comercializó marihuana valorada en más de $1,000 dólares.
