En la política y el derecho el concepto de «perseguido político» obedece más a alguien que sufre hostigamiento o persecución por sus pensamientos o ideología que llega hasta extremos graves que ponen en riesgo su vida o la de sus seres queridos. Pero en El Salvador el término ha tenido otras connotaciones, sobre todo después de las debacles electorales que sufrieron los partidos tradicionales, que lo aleja de su premisa inicial.
Los expresidentes de la república Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos electos bajo la bandera del FMLN y ahora ciudadanos de Nicaragua, fueron los primeros en afirmar que en El Salvador existe una persecución política en su contra.
Funes ha sido un acérrimo crítico de la gestión del presidente Nayib Bukele al afirmar que muchas obras inauguradas en su gestión fueron planificadas o iniciadas durante su mandato.
Desde Nicaragua aún sostiene que en el país era un perseguido político por sus pensamientos e ideología.
La situación de Salvador Sánchez Cerén es muy similar: enriquecimiento ilícito es la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) ha establecido en su contra. Durante su administración, El Salvador vivió años cruentos por la violencia y los asesinatos; solo en 2017 se registraron casi 4,000 fallecidos en hechos violentos.
Ha sostenido que tanto él como su círculo familiar cercano sufrieron persecución política en El Salvador, eso lo obligó a inicialmente asilarse en Nicaragua y finalmente hacerse ciudadano de esa nación.
A la lista de militantes del FMLN autodenominados perseguidos políticos también se suman el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez y el expresidente del Organismo Promotor de las Exportaciones, exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes.
Estos exfuncionarios rojos, hasta donde se conoce su último registro migratorio, se encuentran en México y evaden procesos judiciales abiertos en El Salvador.
A Martínez se le señala que formó parte de la red que extrajo $58.7 millones del erario con el expresidente Cerén.
En el caso de Reyes, se le procesa por reducir el precio de varios terrenos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) para comprarlos, con lo que se benefició directamente.
Además, una auditoría en la Asamblea Legislativa reveló faltantes de hasta $3.1 millones en su administración del Legislativo.
Otro miembro del FMLN que se considera un perseguido político es el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Eugenio Chicas, quien sostuvo que la persecución es por sus críticas hacia el Gobierno.
Chicas fue citado a una comisión especial de la Asamblea para declarar sobre una organización no gubernamental que recibió fondos del presupuesto estatal, pero cuya ejecución no está esclarecida.
Del lado del partido ARENA, Norman Quijano y Ernesto Muyshondt, el primero prófugo y el segundo procesado, han afirmado que el Gobierno del presidente Nayib Bukele desató una persecución política en su contra.
Quijano, candidato a la presidencia por el tricolor en 2014, sostuvo negociaciones con las pandillas para recibir su apoyo e incidir en los resultados electorales. La Asamblea Legislativa acordó desaforarlo de su cargo como diputado de El Salvador ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Muyshondt fue el mediador entre el candidato y las pandillas, y también es procesado mientras sigue en prisión.
El último funcionario en autodenominarse perseguido político es el magistrado por el FMLN en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, luego de afirmar en una entrevista, creyendo que no estaba al aire, que el pueblo salvadoreño tiene la capacidad de dar un golpe de Estado.
Ha dicho, con libertad, en varios espacios de comunicación que es víctima de una persecución por sus mensajes hacia el Ejecutivo.
De momento, ninguno de los señalados es procesado por su forma de pensar y no han sido limitados para difundir sus pensamientos, que son reglas básicas para definir a una persona como perseguido por el Estado.
