El Tribunal de Sentencia de San Vicente recibió la declaración de dos hijos de María Inés Alvarenga Leiva, asesinada supuestamente por un grupo de exguerrilleros que están siendo enjuiciados por los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas.
En su testimonio rendido, los dos testigos incriminaron a los imputados y los señalaron directamente de ser los asesinos de su madre en un campamento subversivo en el cantón Santa Marta, del distrito de Victoria, departamento de Cabañas, el 22 de agosto de 1989.
La versión rendida por los hijos de la víctima coincide con la tesis del ministerio público, en el expediente los fiscales señalan que Alvarenga Leiva fue privada de libertad en su casa, ya que los excomandantes guerrilleros del FMLN la tildaron de ser colaboradora de la Fuerza Armada.
Los parientes de la víctima contaron lo ocurrido con su madre. Alvarenga Leiva fue llevada, privada de libertad y durante 15 días la estuvieron torturando, posteriormente la asesinaron.
«Los hijos de la supuesta víctima han dado su versión de los hechos y lo que ellos aparentemente recuerdan. A nuestro criterio hay contradicciones insalvables que no las voy a mencionar», sostuvo Pedro Cruz, uno de los defensores.
Un testigo con régimen protección de la Fiscalía General de la República ha confirmado en el proceso penal la forma en la que ocurrió el hecho y su declaración es clave para la representación fiscal.
Entre los procesados está Fidel Dolores Recinos Alas, conocido como Raúl Hércules o Carlos, quien fue el primer comandante de la Resistencia Nacional (RN) en el cantón Santa Marta y también fue diputado del partido FMLN.
El juicio también es contra Pedro Antonio Rivas Laínez, Miguel Ángel Gámez, Eduardo Sancho, conocido como Fermán Cienfuegos, excomandante nacional de la RN, uno de los brazos armados del FMLN durante la guerra, Teodoro Antonio Pacheco, conocido como Chico Montes, Saúl Agustín Rivas Ortega, Arturo Serrano Ascencio y Alejandro Laínez García.
De los delitos acusados, el más grave es asesinato que tiene una sanción de 30 años de cárcel, a los imputados les están aplicando la normativa penal de 1974 que fue derogada en 1998 pero vigente para este tipo de crímenes de guerra y lesa humanidad, como los considera la Fiscalía.
