La Policía Nacional Civil (PNC) juntamente con el Ejército, y militares han decomisado 3,800 armas de fuego a la estructura de mando de la Mara Salvatrucha integrada por 492 cabecillas que actualmente enfrentan un juicio posguerra por más de 37,000 delitos cometidos entre los años 2012 al 2022.
El 32.5 % de las armas incautadas a la cúpula terrorista de la MS, equivalentes a 1,236, fueron interceptadas durante la implementación del Plan Control Territorial entre el 2019 y 2022, que es parte del período por el cual son procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) los cabecillas en los tribunales contra el crimen organizado.
Entre lo incautado, nueve son artefactos explosivos y 135 bajo otra categoría; las investigaciones fiscales han determinado que los cabecillas de la MS «traficaron armas de fuego de uso civil y privativo de la Fuerza Armada, mismas que luego fueron usadas en la comisión de hechos delictivos».
La FGR estableció que la forma en cómo estaba organizada esta cúpula criminal es la siguiente: 24 mareros que integran la ranfla histórica, 215 ranfleros y 253 criminales catalogados como corredores de programas.
«Consta en las investigaciones que cada delito cometido por cada miembro de la pandilla debía ser ordenado y avalado por los cabecillas», expuso la FGR durante la audiencia de imposición de medidas contra estos criminales el pasado 8 de febrero.
Los datos oficiales revelan que entre 2015 y 2016, cuando la violencia homicida de las pandillas alcanzó su pico más alto de asesinatos en El Salvador durante los gobiernos del FMLN, fueron cometidos 11,936 homicidios, esto a pesar de que también en esos años se registraron los mayores decomisos de armas de fuego 616 y 625, respectivamente, del período antes citado sólo a la estructura de los 492 cabecillas.
En una farsa por hacerle creer a la población que se tenía bajo el control a las maras, el gobierno corrupto de Mauricio Funes (2009 y 2014), permitió a las pandillas durante la denominada «tregua» hacer entregas públicas de armas de fuego de diferentes calibres; sin embargo, las armas entregadas «voluntariamente» por los mareros eran inservibles y oxidadas.
En diciembre de 2023, la Fiscalía verificó la destrucción de 2,447 armas de fuego, de las cuales, 1,469 eran armas cortas, 895 armas largas y 83 armas fabricadas de forma artesanal. La institución detalló que esta es la culminación de los procesos penales en que los artefactos son utilizados como evidencia en diferentes crímenes.
