El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra J. E. G. C., de 25 años, acusado del delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, bajo la modalidad de delito continuado.
Según el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron a inicios de 2025 en una zona rural de Santa Ana Centro. El imputado era padrastro de la víctima y aprovechaba momentos en los que el niño de ocho años se quedaba solo con él para cometer el delito, valiéndose de su cercanía con el entorno familiar.
El caso salió a la luz luego de que un familiar del menor notó cambios inusuales en su comportamiento; al ser consultado, el niño relató lo ocurrido, por lo que una tía de la víctima interpuso la denuncia de inmediato ante las autoridades correspondientes.
Tras analizar los elementos presentados, el juzgado resolvió enviar el proceso a la etapa de instrucción y ordenar la detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Por otra parte, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Javier Augusto García Huezo a 14 años de prisión tras encontrarlo culpable del delito de violación en menor o incapaz, luego de evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía durante el juicio.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 10 de septiembre de 2022 en una colonia del distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur. García Huezo había sido contratado por la familia de la víctima para realizar trabajos de albañilería en la vivienda.
Las autoridades establecieron que el imputado aprovechó un momento en el que la menor se encontraba sola para cometer el delito, abusando de la confianza que le fue otorgada por el entorno familiar.
Tras el fallo condenatorio, el tribunal impuso que García purgue la pena en la cárcel y además le ordenó el pago de $2,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
Las autoridades reiteraron su compromiso de proteger a la niñez y garantizar el debido proceso, así como de sancionar los delitos que atenten contra la integridad de los menores.
