Las prisiones de máxima seguridad de Zacatecoluca («Zacatraz»), en La Paz; y el Complejo Penitenciario de Izalco, en Sonsonate, se han convertido en los centros de reclusión para los más de 4,000 pandilleros capturados en la última semana, en el marco del régimen de excepción que la Asamblea Legislativa aprobó para que el Gobierno del presidente, Nayib Bukele, pusiera tras las rejas a los criminales mientras esperan ser juzgados en los respectivos tribunales.
Estos delincuentes se suman a los casos de otros criminales, principalmente de cabecillas, que por su alto grado de peligrosidad fueron enviados a las prisiones de máxima seguridad, donde actualmente el régimen carcelario se ha intensificado en respuesta a los asesinatos cometidos por sus compinches.
En algunos casos, el proceso judicial en contra de los delincuentes continúa desarrollándose en los juzgados, dando oportunidad para que la Fiscalía General de la República (FGR) sustente las acusaciones y de esa manera lograr condenas.
En las prisiones de máxima seguridad, las autoridades de Centros Penales se han asegurado, por órdenes del presidente Bukele, que los reos estén completamente incomunicados, aislados, y hasta les han racionado los alimentos, como es característico en este tipo de cárceles.
Uno de los casos en mención, es el de el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, quien después de 13 años de estar prófugo de la justicia salvadoreña fue deportado de Estados Unidos en enero de 2020.
El 15 de marzo de este año el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a Silva Pereira a 22 años de cárcel, de los cuales 12 años son por lavado de dinero y 10 años por cohecho activo [ofrecer sobornos]. Además, fue condenado a pagar en concepto de responsabilidad civil más de $18 millones.
Desde su extradición, el exlegislador fue trasladado por la Policía desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional a «Zacatraz». La ostentosa vida de Silva Pereira generó cuestionamientos sobre cómo habría obtenido tanto dinero.
Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que entre 2005 y 2006 entregó dádivas a 21 alcaldías para que sus «empresas fachadas» resultaran seleccionadas, de manera ilegal, con la adjudicación de proyectos saltándose el proceso establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
En otro caso, nueve pandilleros señalados de matar en San Martín a un empleado bancario identificado como Cristian Joel Mejía Quezada, de 28 años, fueron enviados el 1 de marzo a las cárceles de máxima seguridad. La víctima desapareció el 10 de enero de 2022 y su cuerpo fue localizado el 19 de febrero.
Por este homicidio, así como por robo agravado y agrupaciones ilícitas son acusados: Jonathan Josué Carpio Méndez (Jhony); Víctor Manuel Cruz Parras (Piojo); Miguel Alberto García Carpio (Sanyo); Kevin Adonay Mejía Sánchez (Kevin); Máximo Orlando Gámez Gil (Max); Orlando Antonio Quintanilla Campos (Ojos de billar); Nelson Carpio Ascencio (Mingo). Además, Luis Antonio Anzora Hernández (Niño mono) y Fredi Mauricio Rogel (Riquichi), perfilados por la PNC como cabecillas de pandillas.
El director de Penales, Osiris Luna, dijo que en tanto siga la investigación estarán en dichas cárceles, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador.
A «ZACATRAZ» POR FEMINICIDIO DE FLOR
En julio de 2021, unidades especializadas de la Policía trasladaron hasta la celda 21 del sector 5 en el penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca a Joel Omar Valle Leiva, sospechoso, de matar a su esposa Flor María García, de 33 años.
El Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque ordenó la detención provisional de Valle Leiva mientras continúa el proceso en su contra por el delito de feminicidio agravado y desaparición de personas. El caso pasó al Juzgado Especializado de la Mujer.
Los restos de Flor fueron localizados ese mismo mes, a casi cien días de su desaparición, enterrados bajo unos 700 metros cúbicos de ripio en un terreno situado a la orilla del km 32 de la carretera Panamericana, jurisdicción de Cojutepeque, Cuscatlán.
SUEGRO DE FUNES A LA CÁRCEL
Bajo un amplio dispositivo de seguridad, y tras permanecer dos años capturado en Costa Rica, Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente Mauricio Funes, fue extraditado a El Salvador en mayo de 2021 y trasladado por la Policía a «Zacatraz».
Guzmán, padre de Ada Michelle Sigüenza, pareja del prófugo de Funes, fue arrestado en Costa Rica en abril de 2019 al hacerse efectiva una difusión roja que la Policía Internacional (Interpol) emitió a petición del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.
Actualmente es procesado en el denominado caso «Saqueo Público», en el que Mauricio Funes es acusado por la Fiscalía de sustraer más de $351 millones de fondos públicos.
Guzmán es señalado, junto a su esposa Ada Luz Sigüenza, de recibir $351,530 en transferencias hechas por el exmandatario de la cuenta subsidiaria del tesoro público de casa presidencial; también hay señalamientos por $7,985 de cuatro viajes hechos a Costa Rica, Miami y Estados Unidos.
POR ASESINATO DE LOS HERMANOS GUERRERO TOLEDO
Tres pandilleros de la MS fueron arrestados, en noviembre de 2021, vinculados con el asesinato de los hermanos Karen Ivett y Henry Eduardo Guerrero Toledo, ambos reportados como desaparecidos el 18 de septiembre de ese mismo año en Santa Tecla, La Libertad.
Las autoridades aseguraron que Víctor Alexandro Ruiz Mejía, apodado «Snefer», es el autor intelectual de la desaparición de los jóvenes, mientras, José Alexander Martínez Saavedra, era el conductor del vehículo que las víctimas contrataron para que los transportara.
Un tercer sujeto identificado como Axel Ernesto Escalante Velásquez, apodado «invisible», también fue arrestado por este hecho, pues la Policía informó que viajaba de copiloto en el vehículo donde en el que transportaron a las víctimas. Los tres pandilleros fueron enviados a «Zacatraz» luego que el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla decretara detención provisional. De ser hallados culpables podrían ser condenados a 25 años.
