Cinco sectores de la sociedad civil fueron escuchados por la comisión «ad hoc» que desarrolla el estudio del anteproyecto de ley de recursos hídricos: universidades, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, gremios y empresas privadas, así como instituciones públicas.
Todos tuvieron su espacio para exponer las valoraciones respectivas y los elementos que creen que deberían ser tomados en cuenta en la redacción final del articulado.
En sintonía, los sectores coincidieron en que el agua debe garantizarse como un derecho humano, teniendo al Estado como garante y único ente en la toma de decisiones.
Además, debe procurarse que la ley final contemple el cuido de los mantos acuíferos, ecosistemas y el medioambiente; sancionar severamente el mal uso del recurso hídrico y establecer como una prioridad el saneamiento del agua potable.
Las organizaciones de la sociedad civil que aglutinan diferentes foros y mesas del agua pidieron que se incluya a las juntas administradoras del agua que existen localmente y que se garantice su personería jurídica como entes reguladores.
Cinco iglesias de diferentes denominaciones también expusieron ante la comisión «ad hoc» la necesidad de garantizar el acceso universal al agua, con un servicio óptimo, con recursos de calidad y saneamiento requeridos para el consumo humano.
Por su parte, las 13 universidades que dieron sus valoraciones reiteraron que desde la academia deben incluirse contenidos educativos en todos los niveles para el cuidado y la preservación del agua.
Otro elemento que consideraron las universidades es habilitar los espacios para que se ejecuten estudios científicos que permitan mejorar y optimizar la calidad del recurso.
Las empresas y los gremios privados fueron el único sector que pidió ser incluido en la administración del recurso hídrico o, en todo caso, tener algún grado de participación en la toma de decisiones.
Finalmente, representantes de diferentes carteras estatales reiteraron que el agua debe ser un bien público, tipificado como derecho humano y contenido en la Constitución.
También se pidió que sea incluida la protección total de los mantos acuíferos y ecosistemas, en conjunto con el saneamiento del agua potable.
La comisión «ad hoc» completó, el pasado 26 de agosto, la etapa de consulta, y en su última sesión de trabajo comenzó la redacción final de todo el articulado, que recoge los insumos entregados.
LAS PROPUESTAS QUE LOS CINCO SECTORES PIDEN INCLUIR
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Tanto el Ministerio de Salud como el de Medio Ambiente plantearon la necesidad de que se garantice el saneamiento y la potabilización del agua, el cuido de los ecosistemas y la auditoría a las concesiones de permisos de explotación del agua en El Salvador. El Ministerio de Vivienda también remarcó la necesidad de que se garantice que los hogares salvadoreños tengan acceso a un sistema de agua potable óptimo.
UNIVERSIDADES
Un total de 13 universidades dieron sus valoraciones sobre la necesidad de garantizar contenidos sobre el cuido del medioambiente y el buen uso del recurso hídrico en El Salvador, además de que se desarrollen estudios científicos en los laboratorios medioambientales con que cuentan algunas instituciones de educación superior, para incluirlos como insumos sobre la calidad y la salubridad que tiene el agua potable en el país.
IGLESIAS
A criterio de las iglesias, el acceso al agua debe ser el centro y fin de la nueva normativa, principalmente para aquellos grupos poblacionales que por años han tenido servicios deficientes. Además, para las diferentes representaciones religiosas, es primordial que sea el Estado el que administre el recurso hídrico y genere las condiciones idóneas de distribución equitativa para los grupos sociales que más lo necesiten.
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Las organizaciones de la sociedad civil, donde convergen diferentes corrientes de pensamiento, fueron enfáticas en que el agua no puede ser privatizada ni administrada por un tercero. También señalaron que deben incluirse a las juntas administradoras locales como entes reguladores del uso y la distribución del recurso.
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Las organizaciones de la sociedad civil, donde convergen diferentes corrientes de pensamiento, fueron enfáticas en que el agua no puede ser privatizada ni administrada por un tercero. También señalaron que deben incluirse a las juntas administradoras locales como entes reguladores del uso y la distribución del recurso.
