El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador resolvió ayer en audiencia inicial que pasen a la segunda etapa penal 12 empresarios de varias rutas de transporte que fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC).
Los procesados son: Genaro Ramírez, José Abel Reyna Quijada, José Roberto Cuéllar Parada, Napoleón Humberto Cárcamo López, Rutilio Guardado Ferrer, Nelson Saúl Villalta Platero, Nelson David Moreno, José Alexander Soto García, Ángel Monroy Cabrera, William Ricardo Flores Escobar, José Alejandro Arriaza Salguero y Julio Orestes Mirón Escobar.
La solicitud de la Fiscalía General de la República de otorgar medidas sustitutivas a la detención por dos delitos, fue admitida por el juzgado.
Las capturas fueron ejecutadas en diversos municipios del país el 5, 6 y 7 de mayo de 2025, por no prestar el servicio de transporte gratuito pese a que el Gobierno asumiría el pago, lo fue catalogado por el presidente de la República, Nayib Bukele como un sabotaje al país.
«Muchos empresarios del transporte público no salieron a brindar el servicio que les corresponde, a pesar de que el Gobierno está cubriendo el 100% del ingreso que normalmente perciben por día. La Policía Nacional Civil deberá proceder con la captura de los propietarios de las rutas involucradas. Nadie está por encima de la ley», tras esa publicación del mandatario, el 5 de mayo, la PNC procedió a detenerlos.
El ministerio público al judicializar el expediente los acusó de peculado e incumplimiento de deberes, delitos que seguirán enfrentando en libertad y que, los consumaron, ya que según el señalamiento fiscal los imputados son empresarios del transporte público que tienen concesiones y permisos provisionales para la prestación de dicho servicio público.
Incurrieron en peculado porque al recibir fondos estatales para prestar un servicio gratuito no lo hicieron incurriendo en una apropiación y el incumplimiento de deberes estipulado en el artículo 321 del Código Penal, que dice que si «el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años».
Una abogada de los transportistas pidió a la jueza que anulara el acto de detención de dos imputados por vicios en el procedimiento, argumentó que fueron arrestados sin ningún fundamento.
