En la sesión plenaria del jueves 31 de julio, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la salida de El Salvador del Parlamento Centroamericano (Parlacen), la medida forma parte de la lucha contra los hechos de corrupción en que se ven envuelto políticos y expolíticos salvadoreños.
El organismo centroamericano siempre ha sido fuertemente cuestionado por ser refugio de exdiputados, expresidentes y exfuncionarios públicos que buscan inmunidad a través del fuero otorgado por el Parlacen al verse involucrados en delitos de corrupción o narcotráfico.
Entre los expolíticos salvadoreños corruptos se encuentra Roberto Silva Pereira, quien fue diputado del Parlacen por el Partido de Concertación Nacional (PCN), entre 2006-2009. Silva Pereira fue acusado por los delitos de lavado de dinero y cohecho, por un monto de $17.7 millones, y fue señalado de tener vínculos con el narcotráfico. En 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que se le condenara a 22 años de prisión.
Silva Pereira fue deportado de Estados Unidos en enero de 2020 y detenido por la Interpol a su llegada a El Salvador. Por otra parte, la Fiscalía de Guatemala vinculó en 2009 a Silva Pereira en el asesinato en ese país de tres diputados de El Salvador al Parlamento Centroamericano y su chofer, hecho ocurrido en febrero de 2007.
El móvil del crimen, según el Ministerio Público guatemalteco, habría sido «una venganza» de parte de Silva Pereira en contra de los parlamentarios del partido ARENA, por haber aprobado en noviembre de 2006 que le retiraran su inmunidad legislativa.
El 19 de febrero de 2007, los cadáveres calcinados de los diputados salvadoreños al Parlacen, Eduardo D’Aubuisson, José Ramón González y William Pichinte, así como su chofer Gerardo Napoleón Ramírez fueron hallados en una comunidad rural del este de Guatemala.
La masacre de los diputados fue vinculada con el narcotráfico, sin que se llegara a profundizar, pero luego, uno de los autores intelectuales resultó ser «Manolillo», diputado guatemalteco ligado al narco.
Por el caso de los homicidios de los cuatro salvadoreños, en diciembre de 2010, un tribunal guatemalteco condenó a ocho personas a penas de entre 107 y 210 años de cárcel, entre los condenados se encontraba el exfuncionario guatemalteco Manuel Castillo «Manolillo», quien fue exdiputado y exalcalde del municipio de Jutiapa, fronterizo con El Salvador, el guatemalteco fue condenado a 203 años de prisión como autor intelectual del crimen. En diciembre de 2019, «Manolillo» fue acribillado a balazos en una cárcel de Guatemala donde cumplía su sentencia.
También fue parte del Parlacen el exdiputado del FMLN, Eugenio Chicas, señalado por enriquecimiento patrimonial injustificado por un monto de $130,768.14. Chicas fue arrestado en febrero pasado y permanece en prisión mientras sigue el proceso judicial en su contra.
Otro de los casos es el de Jorge Schafick Handal quien también fue diputado del partido de izquierda en el PARLACEN entre 2018 y 2021. Actualmente, Handal enfrenta una demanda por enriquecimiento ilícito por $182,374.61.
Además, otro exfuncionario salvadoreño que buscó refugio en el Parlacen fue el exdiputado del partido ARENA, Norman Quijano, quien el 16 d abril de 2024 fue condenado a 13 años de prisión por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, por las negociaciones que hizo con las pandillas.
Quijano permanece en prisión en Estados Unidos por un tema migratorio, desde el pasado 6 de marzo, tras ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), sin embargo, conserva una plaza en el Parlacen.
Al terminar su mandato, Mauricio Funes también ingresó al Parlacen. La Fiscalía lo acusó de los delitos de peculado, lavado de dinero y encubrimiento, por el desvío de $351 millones durante su gobierno, 2009-2014.
Funes juramentó como diputado del Parlacen en junio de 2014, a pesar de una orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le impedía hacerlo. En agosto de ese mismo año Funes decidió renunciar a la diputación para no crear «una confrontación» entre la Sala de lo Constitucional de El Salvador y el Parlacen, aunque su plan era huir a Nicaragua, para evitar ser juzgado.
Funes, murió ya como ciudadano nicaragüense, la noche del martes 21 de enero de este año, en Managua, tras una «grave dolencia crónica», el exmandatario permanecía asilado en Nicaragua tras ser reclamado por la justica salvadoreña por el desvío de $351 millones y tras acumular diversas condenas.
