Dentro y fuera de las fronteras salvadoreñas, el presidente Nayib Bukele es una figura influyente debido a sus políticas de seguridad que han elogiado funcionarios y exfuncionarios extranjeros, y ya implementaron o intentan replicar gobiernos en Latinoamérica para combatir la delincuencia y generar condiciones de paz y tranquilidad para los habitantes. 

El caso más reciente ocurrió en Panamá, cuando el presidente Raúl Mulino anunció —el 10 de octubre— la implementación del estado de excepción, similar al que está vigente en El Salvador desde marzo de 2022, para combatir el crimen organizado en ese país. 

«Iremos casa por casa. Recuperaremos los barrios», expresó Mulino en el anuncio del Plan Panamá 3.0, que consiste en liberar los territorios de las pandillas mediante el despliegue masivo de agentes de la Policía Nacional. 

En El Salvador, el Ejecutivo desplegó en el Plan Control Territorial (PCT) y el estado de excepción a agentes policiales y militares en las colonias asediadas por las pandillas, instaló cercos militares para capturar a los delincuentes y fortaleció el trabajo de policías y soldados con vehículos, uniformes y armamento. 

A criterio de Matt Gaetz, congresista republicano del estado de Florida (Estados Unidos), no hay duda de que el presidente Mulino ha copiado la estrategia de seguridad del presidente Bukele. «El presidente Mulino está adoptando esencialmente el estado de excepción de Nayib Bukele, muy popular y exitoso. Es la bukeleización de la política y las políticas centroamericanas», dijo Gaetz en X.

Además de Panamá, el Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, ha replicado las políticas de seguridad del Gobierno salvadoreño para combatir la delincuencia común y el crimen organizado.

Del 27 de marzo de 2022 al 18 de octubre de 2024 se llevaron a cabo 82,963 registros de capturas, según el Ministerio de Justicia y Seguridad, como parte de los resultados del régimen de excepción.

 Como parte de ese interés, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó en junio pasado El Salvador para conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que se construyó en San Vicente para encarcelar a los pandilleros capturados con el PCT y el estado de excepción. 

El 30 de septiembre pasado, el presidente Bukele visitó en misión oficial a su homólogo argentino en la Casa Rosada y suscribieron una declaración para fortalecer la cooperación estratégica en seguridad, economía y energía nuclear.

La semana anterior, Bullrich anunció que —como ocurre en El Salvador— los reos desarrollarán tareas para mejorar las cárceles donde se encuentran, entre otras tareas de servicio público. 

También el Gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa imitó las políticas de seguridad de Nayib Bukele al adoptar el estado de excepción. 

No obstante, el 10 de mayo pasado, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional la medida porque no estaba justificada debidamente. 

Noboa declaró un nuevo estado de excepción después de subsanar los vacíos legales señalados por la Corte, y el 30 de agosto anterior, a causa de la violencia provocada por el crimen organizado, la medida se extendió por un mes más en seis provincias (Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, provincia tropical de Los Ríos y provincia amazónica de Los Ríos) de las 24 del país.

También la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, mantiene vigente el estado de excepción desde el 6 de diciembre de 2022 para combatir a las pandillas. El 2 de octubre se prorrogó por 45 días, con caducidad hasta el 16 de noviembre.

El Gobierno de Perú ha elogiado el combate de las estructuras delincuenciales en El Salvador, y quiere imitar la experiencia. En febrero de este año, el ministro de Seguridad peruano, Eduardo Arana, viajó para conocer las experiencias del PCT y el estado de excepción. Un mes después, medios internacionales informaron que la presidenta Dina Boluarte planteó la idea de construir una megacárcel como la del Cecot.

En Chile, desde el 18 de mayo de 2022, se mantiene el estado de excepción en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío ante el repunte de hechos delincuenciales y para establecer el orden público debido a la disputa territorial que encabezan los indígenas. 

Los analistas René Martínez y Nelson Flores coincidieron en señalar que el liderazgo del presidente Bukele es tan amplio que sus políticas de seguridad son reconocidas como exitosas en toda la región, y los gobernantes quieren seguir sus pasos por su buena gobernanza. 

«Nayib Bukele se ha convertido en el referente mundial del combate a la criminalidad y en el ícono de la seguridad ciudadana, lo cual ha sido reiterado por las encuestas de opinión nacionales e internacionales», planteó Martínez.

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