El 2020 inició como un año prometedor, con el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, que diciembre de 2019 había sido el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz. Una felicidad que se sumó posteriormente al anuncio de un convenio entre Guatemala y El Salvador, que establecía vuelos abiertos con el país de la eterna primavera, fronteras abiertas para personas y mercancías, y salida al océano Atlántico por parte de El Salvador a través de los puertos guatemaltecos.
Pero las buenas noticias se empezaron a languidecer con el surgimiento de algas en la planta potabilizadora Las Pavas, en San Pablo Tacachico, que generaron mal olor y sabor al agua abastecida por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); una problemática que generó diferencias, mismas que terminaron con la interpelación del entonces presidente de la autónoma, Frederick Benítez, y la exministra de Salud, Ana Orellana.
Luego de la efervescencia política desatada por la crisis, El Salvador vivió momentos de tensión porque la Asamblea Legislativa no aprobó $109 millones para la ejecución de la segunda fase del Plan Control Territorial, conflicto que enfrentó al poder Legislativo con el Ejecutivo, pero que pasó a segundo plano tras el surgimiento del virus SARS-CoV2, el cual provoca la infección denominada COVID-19. El anuncio de una pandemia originada por el virus llegó el 11 de marzo por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el país, el primer caso registrado de COVID fue informado por el presidente el 18 de marzo. Tras el anuncio, hubo un rosario de confrontaciones entre el presidente y los parlamentarios, pues estos últimos se resistían a aprobar fondos y cuarentenas obligatorias para que el Gobierno desarrollara medidas que evitaran la propagación del virus.
El camino se volvió cuesta arriba con la crisis económica debido a la pandemia. El Gobierno entregó $300 a un 75 % de las familias que se vieron afectadas por despidos y recortes salariales. También se entregó productos básicos y se suspendió por unos meses el pago de agua, electricidad, créditos e hipotecas.
Posteriormente se informó un plan económico que comprendía apoyo crediticio al sector empresarial y se entregaría un bono a los trabajadores de salud. Con la llegada del invierno el escenario político siguió tambaleándose. La Tormenta Tropical Amanda y la influencia de la tormenta Cristóbal dejaron daños por $153. 8 millones; sin embargo, se determinó una inversión de $206 millones para reconstrucción total.
Poco después, los diputados solicitaban explicación sobre cómo se gastarían los $20 millones destinados al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) y el detalle de cómo se gastarían los $18 millones para recuperación económica, ambos montos eran parte de un préstamo $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya aprobación no estuvo exenta de tintes ideológicos.
Entre señalamientos y críticas también se inauguró la primera fase de Hospital El Salvador para la atención de pacientes con COVID-19. El presidente Bukele vetó el decreto legislativo 661 que contenía la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y la Reapertura Económica, y suspendió en diferentes ocasiones el inicio de la segunda fase de reactivación económica, a raíz del repunte de casos de la enfermedad.
También hubo señalamientos por parte de los opositores del presidente sobre una supuesta negociación del Gobierno con pandillas. Los diputados dilataron la discusión de aprobación de $50 millones destinados para finalizar las obras de Fomilenio II y la aprobación de $7, 453. 5 millones del Presupuesto General de la Nación.
En el 2020, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que en El Salvador existen «voces histéricas» por cada decisión del presidente, Nayib Bukele, en el marco de la pandemia. Las palabras de Almagro desataron cuestionamientos de organizaciones internacionales.
La crisis sanitaria mundial afectó la economía local fuertemente, de tal manera que el mandatario salvadoreño anunció un plan que contenía siete puntos para la reactivación «saludable e inteligente» de la actividad económica ante las limitadas herramientas legales. Bukele se pronunció por un fallo de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a un decreto que establecía un plan de reactivación de la economía y además se defendió de las críticas de sus opositores que lo llamaban «dictador».
Por otra parte, el fiscal general de la República, Raúl Melara, y el presidente sostuvieron discusiones luego que Bukele cuestionara una investigación a raíz del impago de salarios a todo el personal de la Asamblea Legislativa. Melara afirmó que si la Fiscalía encontraba comisión de delitos procedería a un proceso de antejuicio e indicó que la investigación se abriría contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por posible incumplimiento de deberes.
Una parte que no se puede omitir en este resumen, es el trabajo gubernamental realizado ante el riesgo que implicaba el huracán ETA y obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones preventivas. En total, el gobierno identificó 2, 837 zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos por lluvias y el presidente Bukele pidió que se trasladara a las familias en riesgo a 1, 152 albergues habilitados a nivel nacional.
