En 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el mundo, de acuerdo con el último informe de Global Witness. Ninguno de estos crímenes ocurrió en El Salvador. Durante los cinco años del primer Gobierno del presidente Nayib Bukele, como resultado de la sólida estrategia de seguridad, tampoco ocurrieron asesinatos de ambientalistas.
Caso contrario sucede en Colombia, donde solo el año anterior fueron asesinados 79 ambientalistas y en los últimos 10 años superan los 450 asesinatos de personas que velan por la tierra y el ambiente.
En El Salvador, estos defensores desarrollan sus labores con toda tranquilidad sin el acecho de las estructuras terroristas, grupos que la administración Bukele ataca desde junio de 2019 con el Plan Control Territorial (PCT) y la puesta en marcha del régimen de excepción, a finales de marzo de 2022.
El estudio de Global Witness detalla que en América Latina se produjeron el 85 % de los asesinatos de 2023 y que las agresiones mortales se concentraron principalmente en cuatro países, donde ocurrieron más del 70 % de casos globales: Brasil, Colombia, Honduras y México. De las personas asesinadas en 2023, el 43 % eran indígenas y el 12 % eran mujeres, señala la organización.
Colombia es el país con la mayor tasa del mundo de homicidios de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, con 79 asesinatos en 2023, es decir, el 40 % de todos los casos registrados. Se trata del total anual más alto para cualquier país documentado por Global Witness desde que comenzaron a registrar los casos, en 2012.
El informe da cuenta de que, en poco más de una década, en ese país sudamericano han sido asesinados 461 activistas. Así, Colombia es el país con el mayor número de asesinatos documentados entre 2012 y 2023.
Tendencias similares pueden observarse en México y Honduras, en cada uno de los cuales se asesinó a 18 personas defensoras en 2023, lo que supone un descenso para México (en comparación con las 31 muertes de 2022) y un aumento para Honduras (desde las 14 de 2022).
Los 18 casos de Honduras lo convierten en el país más crítico, seguido de Nicaragua (10), Guatemala (4), Panamá (4) y, solo durante el año pasado, Costa Rica no tuvo muertes de este tipo.
Honduras se ha mantenido desde que empezaron estos reportes como el país con más asesinatos per cápita, sumando 149 casos entre 2012 y 2023, es decir, 15.5 por cada millón de habitantes.
El caso Berta Cáceres
La noche del 2 de marzo de 2016, Berta fue asesinada a tiros por un sicario que entró a su casa a la fuerza. El asesinato ocurrió después de años de amenazas contra la defensora por su rol opositor a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, en el occidente hondureño, en un contexto de agresiones prolongadas en contra del pueblo lenca.
Pero su asesinato no pasó desapercibido y, por el contrario, encendió la molestia y renovó los llamados de lograr justicia para las personas defensoras del medioambiente. Un movimiento nacional e internacional liderado por la familia de Cáceres empujó a la justicia, que detuvo a siete personas ligadas al asesinato. En 2018 fueron declaradas culpables por el crimen.
Años más tarde, en un inusual avance de la justicia, una corte hondureña declaró culpable a Roberto David Castillo, la cabeza de la compañía hidroeléctrica Desarrollos Energéticos (DESA) al momento del asesinato de Berta. La evidencia permitió que Castillo fuera sentenciado a 22 años de prisión.
Luis Alberto Torres Montoya
En 2018, el líder de la comunidad colombiana Luis Alberto Torres Montoya, miembro del movimiento Ríos Vivos, fue asesinado.
El líder social de 35 años fue acribillado junto con su hermano en la misma zona una semana después de que otro destacado activista, Hugo Albeiro George Pérez, y miembro de la misma organización fue asesinado. El homicidio de Torres Montoya ocurrió en medio de protestas contra la construcción de la represa Hidroituango, acusada de tala ilegal y efectos ambientales nocivos, especialmente en el río Cauca.
