Trata de personas y explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes, extorsión, secuestros, tráfico de droga, homicidios, delitos informáticos, soborno a funcionarios, préstamos ilegales a través de «gota a gota» y la minería ilegal son parte de las actividades criminales de la estructura criminal venezolana, Tren de Aragua (TdA) en diferentes países del continente.
La organización terrorista extranjera nació entre 2004 y 2005 en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, Venezuela. Pero fue en 2013 cuando la pandilla comenzó a tomar fuerza debido a la crisis que se apoderó del país, ya que la corrupción, la mala gestión y la caída de los precios del crudo destrozaron la economía, dependiente del petróleo.
Para ese tiempo, Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero» regresó a Tocorón a cumplir una condena por el asesinato de un policía y otras penas más. Bajo el liderazgo del criminal, la cárcel se convirtió en una de las prisiones más notorias del país debido a la política no oficial del gobierno venezolano de entregar el control de algunas prisiones, entre ellas Tocorón, a jefes criminales conocidos como pranes.
Este libertinaje y los ingresos delictivos de la pandilla permitieron la construcción de un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante, una cancha de béisbol y un club nocturno dentro del reclusorio.
Fue entre 2015 y 2018, que el TdA creció hasta convertirse en la más grande de las 19 megabandas delictivas de Venezuela y provocó que la tasa de homicidios se disparara a niveles récord.
En su libro, «El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina», la periodista venezolana, Ronna Risquez, reveló que la mayor fuente de ingresos de la pandilla en la cárcel era la cuota semanal que cobraba a los reclusos, que llegó a sumar $3,5 millones al año.
La expansión del TdA se volvió transnacional allá por 2018, cuando la pandilla intentó establecerse en la frontera entre Venezuela y Colombia, entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Santander. En la actualidad la estructura terrorista delinque en Chile, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Panamá, Estados Unidos y Costa Rica. En El Salvador intentaron penetrar, hace un par de años, a través de la red criminal gota a gota que facilita préstamos a pequeños comerciantes para luego extorsionarlos.
EE.UU., sanciona al Niño Guerrero y a otros cabecillas de la pandilla
El pasado 17 de julio, el Departamento del Tesoro de EE. UU., sancionó financieramente al prófugo, Niño Guerrero y a otros cinco cabecillas del TdA, entre ellos su lugarteniente Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes ubicados en Estados Unidos de los designados, así como la prohibición a ciudadanos y entidades estadounidenses de realizar transacciones con ellas.
«La Administración de Trump no permitirá que el Tren de Aragua continúe aterrorizando a nuestras comunidades y dañando a estadounidenses inocentes», afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
Desde el año pasado, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de Niño Guerrero.
Designados como organización terrorista extranjera
En febrero, el gobierno del presidente Donald Trump, nombró al TdA, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como organizaciones terroristas extranjeras.
De acuerdo con el Departamento de Estado, las designaciones terroristas exponen y aíslan a entidades y personas, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos que necesitan, para llevar a cabo atentados.
A partir de esta denominación, los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en posesión o bajo el control de una persona estadounidense quedaron bloqueados, de igual forma, se prohibió a estadounidenses realizar transacciones con estas organizaciones. Además, las designaciones pueden ayudar a las acciones policiales de otras agencias de Estados Unidos y otros gobiernos.
Presencia en Chile
Chile es el segundo país con más presencia del TdA, aparte de Venezuela. Entre las actividades criminales en ese país están el tráfico de inmigrantes, de drogas, tráfico de personas, comercio sexual, homicidio, secuestro y extorsión.
A mediados de julio pasado, la justicia chilena condenó a penas que suman 300 años de cárcel, entre ellas cinco cadenas perpetuas, a 12 criminales, que según la Fiscalía forman parte de la cúpula en Chile de la banda criminal.
En marzo de este año, un Tribunal chileno condenó a 34 miembros de la banda venezolana a penas que sumaron más de 560 años de cárcel.
Y desde 2018, las autoridades peruanas reportaron la presencia de la estructura criminal que está implicada en minería ilegal, trata de personas y explotación sexual; extorsión y sicariato; secuestros, robos y asaltos, tráfico de personas y tráfico de drogas.
De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, los pandilleros participan en la distribución y venta de sustancias ilegales en diversas regiones del país. Entre otras drogas han comercializado el «tusi», una mezcla de éxtasis, la cafeína y la ketamina.
En abril de este año, el Congreso peruano aprobó con 77 votos declarar a la banda como organización terrorista al igual que Estados Unidos y Ecuador. El objetivo es que los miembros del Tren de Aragua reciban drásticas penas que van desde los 20 años hasta la cadena perpetua.
Costa Rica desarticula banda de trata de personas ligada al TdA
Recientemente, la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público de Costa Rica desarticuló una estructura dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, vinculada a la organización transnacional Tren de Aragua.
Según la investigación, iniciada en noviembre del 2024, el grupo estaba compuesto por al menos 12 venezolanos. El reporte detalla que la banda traía mujeres desde Venezuela bajo engaños de trabajar como «influencers», para lo cual les cubrían todos los gastos de traslado, a cambio de que una vez en Costa Rica, las víctimas ofrecieran servicios sexuales para pagar la deuda del traslado. No obstante, eran sometidas a un sistema de multas constantes por acciones mínimas, lo cual les impedía liberarse de la red.
Además, identificaron un patrón de maltrato físico y psicológico, así como restricciones severas a la comunicación de las mujeres con sus familias. Las víctimas eran trasladadas en vehículos por otros miembros de la organización, que permanecían en las afueras del lugar mientras se concretaban los encuentros sexuales.
La investigación reveló que la agrupación operaba bajo la modalidad exprés, en la que distintos miembros asumían funciones específicas. Algunos se encargaban de publicitar el servicio sexual por medio de sitios web, otros concertaban la cita y coordinaban el envío de la víctima en un vehículo, acompañada por otro miembro del grupo.
Una vez en el lugar donde el cliente solicitaba el servicio, el sospechoso permanecía en las afueras de la casa a la espera de que finalizara el servicio sexual, para posteriormente llevar a la ofendida al sitio donde la tenían cautiva.
