La comunidad internacional y analistas políticos nacionales continúan destacando y reconociendo el trabajo coordinado que existe entre los órganos de Estado de la República de El Salvador en la lucha contra las pandillas y el crimen común y organizado, factor que está dejando resultados históricos en materia de seguridad, pero que la oposición política llama «control total del Estado».
El trabajo articulado entre el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo de enfrentar la criminalidad, fue reconocido recientemente por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Roosevelt Hernández.
En la entrevista Frente a Frente de la cadena hondureña Televicentro, Hernández se unió a las voces de funcionarios de otros países que destacan el trabajo en conjunto en nuestro país.
«En El Salvador todas las instituciones se han logrado poner de acuerdo. Están respetando los derechos humanos de los privados de libertad, pero sobre todo los de la población que realmente está apegada a las leyes y a la convivencia social», dijo el jefe militar hondureño.
Que la institucionalidad del Estado salvadoreño se haya «logrado poner de acuerdo» para enfrentar con dureza y determinación a las pandillas y al crimen es calificado por los sectores políticos de oposición salvadoreña como un «control total del Estado».
Alegando aplicar el «balance de poderes», en el pasado reciente la oposición controlaba con elecciones de segundo grado desarrolladas por la Asamblea Legislativa la institucionalidad del Estado a través del reparto de cuotas en los cargos.
Incluso el exministro de Seguridad Pública en tiempos de ARENA, Francisco Bertrand Galindo, ha reconocido que la anterior conformación política en los órganos de Estado impidió desarrollar una estrategia de seguridad pública efectiva.
«El problema era que la conformación política de esa época, tanto de los inicios y finales de 2000, era que no había forma de hacerlo; es decir, usted intentaba hacer algo como esto [aplicación del régimen de excepción] y lo declaraban inconstitucional [en la CSJ] o la Asamblea no lo aprobaba», recordó Bertrand Galindo en una entrevista de Frente a Frente.
Agregó que en más de alguna ocasión los gobiernos anteriores sopesaron implantar la medida constitucional del régimen de excepción, pero se desistió porque no se tenía el voto favorable en la Asamblea Legislativa y se temía que la Sala de lo Constitucional de la CSJ lo declarara inconstitucional.
A finales de 2023, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, destacó en declaraciones públicas las decisiones tomadas en El Salvador para enfrentar a las pandillas y al crimen, contrastándolo con el escenario político en su país.
«[En El Salvador] el congreso tomó decisiones de despedir y reemplazar a fiscales, a la Sala de lo Constitucional y muchas otras estructuras de poder», señaló Chaves, agregando que «el pueblo de Costa Rica no ha tomado esa decisión ni la podrá tomar hasta las elecciones del congreso en 2026 y en las elecciones presidenciales».
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, tras su visita a nuestro país, elogió la seguridad y dijo que esta «se logra con cambios legislativos, con la voluntad de llevar a la fuerza de seguridad al lugar donde tiene que estar y a las Fuerzas Armadas, y también con voluntad política».
René Martínez, analista político y sociólogo, considera que «el combate efectivo y rápido de las pandillas terroristas, el crimen común y organizado, de todo tipo, no habría sido posible sin el trabajo coordinado de los tres poderes del Estado [Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Ejecutivo], haciendo cada uno de ellos su parte».
En tanto, el sociólogo y docente universitario Mauricio Rodríguez sostiene que la coordinación entre las instituciones estatales ha permitido realizar un trabajo «efectivo, comprometido y exitoso» para enfrentar a las pandillas, que por años causaron a los salvadoreños luto y dolor, y tuvieron controlada gran parte del territorio nacional.
«Estamos ante el reconocimiento de altos funcionarios del mundo hacia la política de seguridad pública que tiene el Gobierno del presidente Nayib Bukele», afirmó Rodríguez.
Óscar Martínez Peñate, analista y politólogo, considera que dicho modelo de trabajo institucional, «más que un referente, se ha convertido en un paradigma para América Latina y el mundo», deseando replicar el denominado «modelo Bukele» en sus respectivos países.
