El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Seguridad y otras instancias de control ha permitido avanzar en la desarticulación de estructuras vinculadas al comercio ilícito de cigarrillos, así lo determinó un estudio ejecutado por la empresa Total Research Network para la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES).
Según el estudio, el comercio ilícito de cigarrillos en El Salvador registró en 2025 su nivel más bajo de los últimos años, representando el 24.8 % del mercado.
«De acuerdo con el análisis, el contrabando de cigarrillos pasó de representar el 44.1 % del mercado en 2019 al 24.8 % en 2025, una reducción cercana a 20 puntos porcentuales en seis años. Este comportamiento refleja un fortalecimiento sostenido de las acciones de control y fiscalización desarrolladas por las autoridades competentes», indicó ADES.
El estudio establece que solo en 2025, las autoridades destruyeron más de 20 toneladas de cigarrillos incautados, con un valor comercial y fiscal superior a $4.1 millones y una evasión estimada cercana a $2 millones en impuestos no pagados.
«Asimismo, entre 2019 y 2025, la recaudación del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos reportó un aumento del 17.4 %, en un contexto de fortalecimiento de los controles aduaneros y fiscales», se lee en el informe de ADES.
El análisis detalla que las autoridades también han identificado las rutas y patrones de ingreso irregular de mercadería. Además de cigarrillos, los controles han permitido identificar otros productos que ingresan de forma ilícita, incluyendo medicamentos no autorizados y lácteos sin certificación sanitaria, lo que evidencia la importancia de mantener mecanismos de vigilancia permanentes.
«El combate al contrabando requiere coordinación constante entre las autoridades competentes y el sector privado. Los avances registrados en los últimos años demuestran que la articulación técnica fortalece la economía formal, protege la competencia leal y genera mayor confianza en la cadena de distribución», afirmó Blanca Roque, directora ejecutiva de ADES.
El estudio concluye que la reducción del comercio ilícito no solo impacta la recaudación fiscal, sino que contribuye a la estabilidad del mercado formal, a la protección del consumidor y a un entorno de mayor transparencia para las empresas que cumplen con la normativa vigente.
