En San Miguel, 36 pandilleros de la 18 de La Unión y 12 abogados de la zona oriental, son enjuiciados por 48 delitos en el caso conocido como «Conexiones», una estructura transnacional que estaba conformada por fiscales, policías, abogados, jueces, empleados del órgano Judicial y municipales.
El ministerio público los acusa de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho activo, 16 homicidios agravados, dos casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, un caso de divulgación de la imagen o revelación de datos, una extorsión agravada, ocho casos de tráfico ilícito y 16 casos de actos preparatorios, conspiración y asociaciones delictivas.
Según la Fiscalía General de la República, los hechos fueron cometidos entre el 2010 y 2014 en el oriente del país. «Por estos crímenes la Fiscalía General de la República ya logró sentencias condenatorias, un ejemplo de estos fue el máximo líder a nivel nacional, José Timoteo Mendoza Flores, alias «Chory», así mismo ya se condenó a exjueces y abogados», dijo una representante del ministerio público.
«Conexiones», es un caso que comenzó a ser judicializado en el 2014, ya que en julio la Fiscalía desarticuló la organización criminal. En las pesquisas se determinó que la red estaba integrada en su mayoría por pandilleros que habían traspasado fronteras ya que tenían conexiones con criminales de Colombia, Hondura, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.
El caso inició cuando en un reconocimiento en rueda de personas y fotografías identificaron a varios cabecillas de la 18, tras esa diligencia una empleada del Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel informó a los pandilleros que los iban a capturar.
El 30 de mayo del 2016, el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, comenzó a enjuiciar en tres fases a 199 imputados, entre ellos otros 11 abogados.
En la primera se conocieron los delitos cometidos por 127 integrantes de la Pandilla 18 distribuidos en 13 canchas a nivel nacional del grupo de los sureños, dirigido por el «Chory».
En la segunda etapa procesaron a 61 imputados por 18 casos de droga, esa estructura era dirigida por José Enrique Torres, que infiltró instituciones del Estado entre el sistema judicial, Fiscalía y Policía.
Y la tercera fase fue por delitos de corrupción entre ellos cohecho activo, cohecho propio, simulación de influencias y fraude procesal contra 11 abogados, cuatro empleados judiciales y cinco personas particulares.
Con la organización de Torres, colaboraban los cabecillas de la pandilla 18, Luis Edgardo Arévalo Franco, Ciro Obdulio Zelaya Romero, José Timoteo Mendoza Flores y Mauricio Alexander Castro Hernández, quienes estaban conectados con carteles de Colombia y México.
En julio de 2011, José Enrique Torres fue condenado a 15 años de cárcel por traficar cocaína escondida en encomiendas hacia Estados Unidos, en ese año la estructura era dirigida por Juan María Medrano Fuentes, alias «Juan Colorado», uno de los cabecillas de la banda Los Perrones, que operaba en la zona oriental.
El 1 febrero del año 2012, en una audiencia especial, Torres, fue beneficiado por el exjuez especializado de sentencia de San Miguel Enrique Beltrán, quien anuló la sentencia de 15 años.
Por esos vínculos con la pandilla el exjuez Enrique Beltrán, fue condenado a 14 años de cárcel, su juez suplente, Rodolfo Castillo, recibió 18 años de prisión.
