El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, ha comenzado a recibir a la Fiscalía General de la República, la diversidad de prueba por delitos que una estructura de la pandilla 18 conformada por 50 terroristas, cometió entre el 2014 y 2016.
Comerciantes, empresarios y motoristas de varias rutas de buses y microbuses fueron amenazados a muerte por los mareros si no accedían a entregar cantidades de dinero, les dijeron que si no pagaban las extorsiones los iban asesinar junto a sus familias y empleados.
Los miembros de la facción sureña de esa pandilla mantuvieron el control en las comunidades Modelo 2 y 3, San Luis Portales, Peralta y barrio Lourdes, de San Salvador.
En la vista pública, el ministerio público los está acusando por 25 extorsiones agravadas, cinco casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, una privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Para probar las extorsiones, investigadores de la Policía Nacional Civil junto a fiscales documentaron 25 hechos en los que las personas afectadas informaron que estuvieron pagando cuotas de extorsión para poder trabajar y evitar represalias.
Las víctimas con régimen de protección han colaborado con las autoridades en la ejecución de diligencias de investigación y recolección de evidencias presentadas al tribunal.
También hay testimonios de policías que investigaron la estructura y que a través de actas de vigilancia, seguimiento y reconocimiento de territorios, identificaron a los pandilleros y delimitaron las zonas donde cometían las actividades delictivas como una organización terrorista.
También hay prueba obtenida mediante técnicas especializadas sobre todo la planificación de la pandilla para asesinar a personas que se oponían a pagarles cuotas de dinero.
En las indagaciones también obtuvieron información que la pandilla estaba traficando droga, como un medio de obtener dinero y seguir financiando sus actividades terroristas.
Investigadores de la Policía dejaron constancia en actas, todas las pesquisas efectuadas entre octubre de 2021 a enero de 2022 y que culminó con la judicialización del expediente por los delitos de crimen organizado.
