Durante la audiencia preliminar en contra de 10 exempleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) de San Miguel, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado B de San Miguel ordenó enviar a juicio a todos los imputados acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de aprovecharse de sus funciones para omitir información relacionada con las auditorías realizadas a diferentes municipalidades del oriente del país.
Los procesados son Ismael Pereira Márquez —quien fungía como director regional del CCR—, Wílmer Neftalí Reyes Argueta, José Carlos Pacheco Vásquez, Ramón Armando Alvarado y José Benigno Álvarez, todos jefes de equipo.
Además, los auditores Vilma Anabel López de Guevara, Cristian Levi Vásquez Lozano, Manuel Antonio Gómez Contreras, Karen Lisseth Medina Paniagua y Manuel Enrique Díaz Paiz.
Según la acusación fiscal, entre 2015 y 2019 los exfuncionarios se aprovecharon de sus funciones para omitir información relacionada con las auditorías realizadas a diferentes municipalidades de San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután.
La fiscal del caso explicó que los acusados «tenían una red que beneficiaba a las alcaldías, tratando de sacar informes limpios de las auditorías relacionadas».
Mediante denuncias ciudadanas, los acusados fueron señalados de 62 incumplimientos de deberes, que inciden en beneficios a las gestiones de los concejos municipales auditados en períodos pasados.
Es así como las autoridades realizaron una revisión de aseguramiento de calidad a los informes de auditoría y constataron que la información recibida era verdadera.
En total auditaron 42 informes y determinaron que existían 563 observaciones, las cuales eran consideradas asuntos menores y otras las consideraban superadas, sin que existieran elementos objetivos para sostener el desvanecimiento de estas.
Además, se confirmó que los equipos de la CCR señalados no auditaban algunos rubros de las administraciones municipales y en otros casos también ampliaron el plazo de las auditorías, para que los involucrados pudiesen subsanar los hallazgos.
La mayoría de los procesados fueron detenidos a principios de julio de 2023, señalados de beneficiar con sus informes a las administraciones de ese entonces, en los municipios de Bolívar (La Unión), Comacarán (San Miguel) y Chilanga (Morazán).
En el pasado, este fue un señalamiento repetitivo en contra del ente contralor en la zona oriental del país, incluso algunos alcaldes de ese momento hacían alarde de tener conexiones con auditores de la CCR.
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