El secretario general de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (Astram), Adolfo Ramos, condenó la ausencia del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, a la mesa de diálogo organizada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en la que se búsqueda una concertación entre el edil y los empleados municipales.
Según Ramos, Apolonio Tobar, titular de la PDDH, solicitó al alcalde Muyshondt un informe detallado de los empleados que han sido despedidos por la administración municipal y de los trabajadores a los cuales se les ha retenido su remuneración salarial.
«El titular de la PDDH pidió al alcalde Muyshondt un informe sobre los empleados que fueron despedidos y al personal que se le ha retenido el salario. A la fecha, la Procuraduría no ha tenido respuesta. Al señor Muyshondt se le solicita un listado de los despidos que ha realizado, él asegura no haber hecho ni un solo despido», aseguró Ramos.
Para Ramos, el alcalde capitalino no muestra una intención por llegar a un acuerdo con los empleados que aseguran haber sido afectados por la administración municipal. «Ernesto Muyshondt no está dispuesto a llegar a un acuerdo con los trabajadores de la Alcaldía de San Salvador que hemos sido afectados por el impago de nuestras cuotas laborales y los despidos», aseguró.
«Se le pidió (a Ernesto Muyshondt) que por lo menos pagara el 60% de nuestros préstamos, ya que estamos a punto de perder nuestras viviendas. La Alcaldía de San Salvador no ha mostrado interés en tomar decisiones reales para resolver esta problemática. Nosotros estamos en la disponibilidad de establecer un diálogo con la comuna», comentó.
«El edil Muyshondt ha causado la peor crisis financiera que estamos pasando los empleados de la Alcaldía de San Salvador. Toda esta situación forma parte de diferentes decisiones políticas. Despide trabajadores, pero sigue contratando a más personal para utilizarlo en su campaña electoral, son activistas. La deuda ha crecido y sobrepasado los seis millones de dólares en impagos a los trabajadores», agregó.
Ramos señaló también que la Fiscalía General de la República (FGR) y el fiscal general Raúl Melara cuentan con pruebas suficientes sobre la retención del pago de cuotas laborales y los despidos injustificados autorizados por Muyshondt. «El señor Muyshondt no cuenta con los elementos necesarios para refutar las pruebas que hemos presentado», subrayó.
