Para Rolando Castro, ministro de Trabajo, Ernesto Muyshondt «no es un perseguido político», sino más bien «es un político delincuente». Así fue como el funcionario se expresó en sus redes sociales, denunciando también la pasividad de los tribunales correspondientes en su accionar, permitiéndole al exalcalde de San Salvador salir del país, algo que podría propiciar una posible evasión de la justicia.
Castro también señaló que Muyshondt debe responder por las acusaciones que lo vinculan en negociaciones con grupos de pandillas y en una malversación de fondos de la Alcaldía de San Salvador durante el período en que presidió dicha comuna, donde se le acusó del impago de retenciones laborales, privatización de servicios municipales y actos de corrupción.
«Este NO es un perseguido político, es un político delincuente que financió terroristas y además malversó el dinero de los trabajadores municipales @USEmbassySV y los tribunales le han permitido que esté saliendo del país y un día evadir la justicia salvadoreña», publicó el ministro Castro desde su cuenta de Twitter.
Actualmente, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ha solicitado a las autoridades de Migración un informe de las entradas y salidas del país durante el último año del exalcalde de San Salvador por el partido ARENA, Ernesto Muyshondt, quien está acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
«Atentamente le solicito remita dentro de las 24 horas a esta sede judicial, certificación de ficha o movimientos migratorios del señor Ernesto Luis Muyshondt García Prieto por el período de un año calendario, a partir de mayo de 2020 a mayo de 2021, a efectos de realizar audiencia especial de revisión de medidas cautelares a su persona», se lee en el documento enviado por el juzgado el viernes anterior.
En la misiva se explica que el exalcalde de San Salvador tiene un proceso judicial junto con Ramón Arístides Valencia Arana, Benito Antonio Lara Fernández, Wilson Alexánder Alvarado Alemán, Paolo Lüers y Raúl Mijango por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
