El Estado de El Salvador, a través de procesos penales promovidos por la Fiscalía General de la República en tribunales contra el crimen organizado, ha golpeado en 2024 a las estructuras de pandillas con severas condenas impuestas a 63 cabecillas y más de 100 homeboys y colaboradores recluidos en diversos penales.
En los informes de resultados de vistas públicas divulgados en redes sociales por la Corte Suprema de Justicias (CSJ) y el ministerio público se detalla que los jueces han dictado penas de hasta 115 años de prisión para cabecillas de estas organizaciones de crimen organizado.
Las condenas no solo han golpeado a la pandilla 18 y Mara Salvatrucha. La Fiscalía, como un ente que tiene el monopolio de la investigación, llevó a juicio a cabecillas de la Mara Máquina y Mao Mao, que por décadas estuvieron arraigadas en colonias del norponiente de Apopa y en San Antonio Abad, de San Salvador.
Además de ranfleros, corredores de programa y corredores de clicas, las severas condenas también han sido impuestas a homeboys y colaboradores de pandillas.
Las sentencias a cabecillas, así como a algunos colaboradores y pandilleros, corresponden a expedientes que el ministerio público promovió antes de que se instaurara en el país el régimen de excepción y se aprobaran las reformas del delito de agrupaciones ilícitas, que sanciona a colaboradores con penas de 20 años, con 30 años a homeboys y hasta 60 años para cabecillas y financistas.
Algunos condenados fueron detenidos en el marco del régimen de excepción por tener órdenes de captura y sus casos estaban en fase de instrucción o a espera de vista pública; por eso las vistas públicas se efectuaron entre enero y julio de 2024.
Los juicios, en su mayoría, se desarrollaron de forma virtual con conexiones generadas desde las sedes judiciales hacia penales como Izalco, Quezaltepeque, Mariona, máxima seguridad de Zacatecoluca, Ciudad Barrios, Quezaltepeque y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Para lograr condenas por agrupaciones ilícitas, fiscales de diversas oficinas del país presentaron análisis criminales que agentes especializados efectuaron.
Esos informes incluyeron una prueba corporal, perfiles sobre la función que tenían en la pandilla, la zona en la que delinquían y los años de pertenecer a la estructura criminal.
Cuando los jueces analizaron esos peritajes concluyeron que no existía duda de que son terroristas y debían ser condenados a penas máximas por agrupaciones ilícitas y otros delitos de crimen organizado, como extorsión, proposición y conspiración para cometer homicidios y traficar con droga.
HASTA CUATRO CABECILLAS EN UN SOLO EXPEDIENTE
Los tribunales han conocido casos en los que la Fiscalía acusó hasta a cuatro cabecillas en un solo expediente. Por ejemplo, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador acreditó que cuatro cabecillas tenían conexiones con el accionar de la MS en Los Ángeles.
Los condenados habían estado dirigiendo clicas en la zona oriental, en San Salvador y en el occidente del país, según las indagaciones que realizaron fiscales con investigadores de la Policía.
En otra causa que llegó a vista pública, 31 pandilleros de cuatro estructuras criminales de la facción sureña de la pandilla 18 que estuvieron delinquiendo en Soyapango, Ilopango y San Martín fueron condenados a penas de hasta 115 años de prisión por 33 delitos; entre ellos, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas en el delito de tráfico ilícito en modalidad continuada, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de extorsión, provisión de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares y agrupaciones ilícitas.
La principal condena fue para Juan Antonio Flores Rodríguez, alias Clifford, cabecilla de esa pandilla en la colonia Altavista, quien recibió 115 años de cárcel por 33 delitos. En el juicio se conoció que conspiró en el homicidio agravado de un agente de la PNC; también fue encontrado responsable del delito de extorsión agravada en perjuicio de una cooperativa de microbuses del transporte público.
Otro de los cabecillas condenados es Carlos Alfredo Turcios, alias Cachada, el ranflero de la Mara Máquina, quien recibió 50 años de prisión por haber asesinado a una menor de edad a la que mantenía sometida para que viviera con él, en Apopa.
El día del crimen, Turcios llamó a la madre de la adolescente para decirle que había asesinado a su hija y que se había tratado de un accidente, ya que el arma de fuego se le había disparado. Mientras que el ranflero de la Mara Salvatrucha, Pablo Barrera Ramírez, alias Cabra, recibió 100 años de prisión por los delitos de proposición y conspiración de homicidio, extorsión agravada continuada y agrupaciones ilícitas.
Otros seis integrantes de esta estructura terrorista fueron condenados a penas desde cuatro hasta 40 años de cárcel.
