El Estado salvadoreño acordó de manera amistosa indemnizar y proporcionar toda la asistencia médica y psicológica para Miguel Ángel Aguirre Magaña, un colaborador judicial del Órgano Judicial, que demandó al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no se le garantizó el cumplimiento de todos sus derechos cuando hace 31 años pasó un episodio trágico que lo dejó con graves lesiones.
Este caso se remonta a hechos ocurridos el 13 de noviembre de 1993, cuando Aguirre Magaña se desempeñaba como funcionario judicial y se movilizó en un vehículo, junto al juez de Paz de Apaneca y el secretario judicial para realizar una diligencia en Concepción de Ataco, departamento de Ahuachapán.
Aguirre Magaña relató que durante el recorrido se produjo una explosión debido a que el juez portaba una granada; esto le provocó graves lesiones en su pierna derecha, al punto que tuvieron que amputársela. También, resultó con graves afectaciones en su pierna izquierda y pérdida de audición en el oído izquierdo, y lesiones en brazo derecho.
Este ciudadano estuvo diez días hospitalizado y seis meses incapacitado, por lo que inició una lucha contra las secuelas físicas y psicológicas. Debido a su situación buscó ayuda ante el sistema de justicia salvadoreño, no obstante, que tras una larga burocracia por las pasadas autoridades no lograron hacer justicia, por lo cual denunció ante la CIDH que hubo irregularidades y situaciones irregulares en un proceso que un primer momento duró 11 años, al que consideró injusto y corrupto.
Fue así como el 12 de enero de 2022 su caso fue expuesto ante la CIDH, el Estado salvadoreño fue señalado por la falta de debida diligencia en la investigación penal de las lesiones que sufrió Aguirre Magaña.
El organismo internacional de justicia concluyó que hubo omisiones, irregularidades y dilaciones en la investigación judicial de aquella época.
El 16 de mayo de 2024, el Estado salvadoreño fue informado de la sentencia que favoreció al empleado judicial, tras acordar una solución amistosa. Además, asumió el compromiso de mejorar los mecanismos de protección y promoción de derechos humanos.
El Estado se comprometió en proporcionar tratamiento médico, servicios de rehabilitación, prótesis y tratamiento psicológico y psiquiátrico a la víctima, así como la paga de indemnización compensatoria.