El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó que Cristina Arroyo Lima, de 41 años, pague $63,073 para resarcir daños a varias víctimas de estafa. Arroyo Lima convenció a las víctimas de invertir en un negocio de filtros purificadores de agua.
«Cristina Arroyo Lima, de 41 años, fue acusada por segunda vez del delito de estafa en perjuicio de tres víctimas, por un monto total de $63,073», señaló el fiscal del caso.
Según la investigación, la imputada convenció a las víctimas de invertir en un negocio de elaboración y comercialización de cajas eléctricas de diferentes medidas, así como filtros para purificar agua. Les aseguró que el negocio generaría grandes ganancias, de acuerdo a la cantidad de dinero que invirtieran.
«Convencidas de esta promesa, las víctimas decidieron participar, pero tras varios meses, no recibieron ninguna de las ganancias prometidas. Al cuestionar a Arroyo sobre el incumplimiento, ella argumentó que había enfrentado una serie de dificultades. Ante esta situación, las víctimas decidieron interponer la denuncia ante las autoridades», indicó el fiscal.
Tras la audiencia inicial el juez autorizó a la imputada conciliar con tres víctimas, acordando el pago de $63,073 en total entre los tres afectados.
TAMBIÉN ESTAFÓ $170 MIL A DOS VÍCTIMAS
El pasado 23 de septiembre, el juez del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador decretó que Arroyo Lima siga en prisión para que un juzgado de instrucción la continúe procesando por otros casos de estafa bajo el mismo modus operandi.
La Fiscalía General de la República la acusa de haber engañado a dos personas con $170,000 a quienes les propuso invertir en un negocio que les generaría muy buenas ganancias.
Según la acusación presentada por el ministerio público, entre octubre y noviembre de 2023, Arroyo Lima convenció a una de las víctimas para que también invirtieran en un negocio de elaboración y venta de cajas eléctricas de registro de varias medidas y filtros de purificación de agua.
Los denunciantes han dicho que la imputada les expresó que ella proveía productos a la embajada de Estados Unidos, pero la Fiscalía presentó un informe de la Oficina de Seguridad Regional e Investigaciones del Departamento de Estado de EE.UU., en el cual se hace constar que no tenían ninguna relación de negocios con la procesada.
Al finalizar la audiencia inicial el juzgado resolvió que la mujer siga presa y por los dos casos el expediente fue instruido a la segunda fase del proceso penal.
