El juez del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio a 8 personas acusadas de asesinar a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, masacre que fue cometida el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) por un pelotón de soldados del Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl.
El entonces comandante general de la Fuerza Armada, Félix Alfredo Cristiani Burkard, quien también es acusado por el delito de actos de terrorismo, es el principal implicado como autor intelectual en esta masacre que cumplió 35 años en la impunidad.
A parte de Cristiani Burkard, los otros enviados a juicio por delitos de asesinato y actos de terrorismo son: los exmilitares retirados Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores e Inocente Orlando Montano Morales.
El Juzgado también resolvió auto de apertura a juicio para otros tres acusados del delito de fraude procesal y encubrimiento personal, entre los que está el exdiputado Rodolfo Párker Soto, y sobreseyó a todos los imputados del delito de preposición y conspiración para actos de terrorismo.
Los acusados que estuvieron presentes en la audiencia son: Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López López, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
Mientras que, para el expresidente de la República, Félix Alfredo Cristiani Burkard; el exdiputado, Rodolfo Antonio Párker Soto, así como para los militares retirados Rafael Bustillo Toledo, Joaquín Cerna Flores y Juan Orlando Zepeda, el Juzgado giró orden de captura y difusión roja.
En el expediente de este caso, el ministerio público ha incorporado prueba testimonial, incluso ya consta en el proceso anticipos de prueba entre ellos la declaración rendida por el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, quien contó sobre los hechos ocurridos antes, durante y después de la masacre, este testigo ya fue condenado a 30 años de prisión por el crimen de los seis jesuitas y dos de sus colaboradoras.
En el dictamen de acusación (documento que contiene todas las diligencias y pruebas), fiscales de la Unidad de Investigación de delitos cometidos durante el conflicto armado detallan que Cristiani como comandante general de la Fuerza Armada tenía el control y dominio del hecho y aunque pudo dar una contraorden para detener la masacre, no lo hizo.
