El extécnico de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa, Noel Orellana dijo ayer que no existía un reglamento para la asignación de fondos públicos del presupuesto general de la nación a las organizaciones no gubernamentales, por lo tanto, los recursos fueron entregados de forma «discrecional» por los diputados.
Esta información fue proporcionada por Orellana a la comisión especial de la nueva Asamblea Legislativa que investiga el uso y destino de los $273 millones que los anteriores diputados entregaron en 11 años a 360 oenegés.
Orellana, quien desde julio de 2019 dejó su cargo en la Asamblea Legislativa para asumir como magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), contó que algunas de las solicitudes de fondos para las oenegés las enviaban las mismas organizaciones a la Asamblea; otras, eran entregadas a diputados para que las hicieran llegar a la comisión de hacienda o legisladores, por iniciativa propia, pedían la asignación de recursos para las oenegés.
Asimismo, manifestó que las presidencias de la comisión de hacienda de las legislaturas anteriores pedían el recorte de fondos a determinadas carteras Estado, o generalmente, de la unidad presupuestaria imprevistos, para asignar recursos a las oenegés, muchas veces sin justificar o explicar públicamente la modificación. Esto se hacía antes que el dictamen favorable pasara a votación del pleno.
Relató que en otras ocasiones, incluso, cuando el dictamen favorable de la comisión para aprobar el presupuesto general de la nación ya estaba en el pleno, los diputados pedían la asignación de fondos para determinadas oenegés.
Esto generaba que el equipo de técnicos de la comisión de hacienda solicitara un receso en la sesión plenaria para reunirse con los diputados y conocer qué partidas del presupuesto iban a sufrir recortes de fondos para trasladárselos a las oenegés.
«No había ningún procedimiento, sino que en la práctica así había sido. Se establecían a discreción (los fondos) porque no había procedimiento», respondió Orellana al ser consultado que quién creó el mecanismo de solicitudes para la asignación de fondos. Posteriormente, externó que desconocía si los diputados tenían algún interés en favorecer a determinada oenegé con fondos. «Para mí es difícil saber el criterio que tenían para asignar los fondos. Sí había algún interés, yo no lo sé. Como subalterno, me llamaban y se me pedía elaborar un dictamen con variantes y hasta ahí. Uno solo facilita el trabajo», declaró Orellana.
Aseguró que advirtió a varios presidentes de la comisión de hacienda que la entrega de fondos a las oenegés no tenía una base legal e hizo referencia a Gerson Martínez, Lorena Peña y Julio Gamero. Los primeros dos fueron legisladores el FMLN, el tercero, de ARENA.
«Uno advierte, pero eran los diputados los que al final tomaban las decisiones (…) a nosotros se nos instruía incluir esas variantes en el dictamen», señaló Orellana y explicó a los diputados que mientras era técnico de la comisión de hacienda, su jefe inmediato y superior fue Alejandro Solano.
Ayer por la tarde, Solano también compareció a la comisión especial y confirmó que fue jefe de la unidad de asesoría técnica de la Asamblea Legislativa, al menos por 10 años, aunque no precisó fechas. A diferencia de su subalterno, Solano planteó desde el inicio de su intervención que desconocía los criterios que fueron utilizados por los anteriores diputados para asignar fondos a las oenegés. «Eso solamente lo pueden decir las personas que estuvieron directamente involucradas» argumentó.
Los diputados preguntaron que si el transcurso de 10 años en el cargo nunca se enteró del contenido de los dictámenes favorables para la asignación de fondos a las oenegés, sin embargo, contestó que «no era mi función conocer los fondos que se iban a asignar a la comisión».
Durante el interrogatorio de los diputados, Solano aceptó que durante varios años ha asesorado gremiales empresariales, incluida la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). Anteriormente, fue presidida por Javier Simán, actual presidente de la ANEP.
Dijo que las asesorías las daba después de concluir su jornada laboral en la Asamblea Legislativa y consideró que no había conflicto de intereses porque en las gremiales no abordaba temas relacionados con el quehacer legislativo.
