La Fiscalía General de la República ha debilitado dos estructuras, que se lucraban de la explotación sexual de mujeres y por trata de personas, a través de la materialización de bienes e inmuebles. Las redes delinquían en La Paz, Sonsonate, San Salvador y La Libertad.
El pasado 23 de agosto, el ministerio público efectuó allanamientos en tres inmuebles propiedad de Carlos Norberto Méndez Ortega, quien fue detenido en flagrancia, acusado de explotación sexual en perjuicio de al menos seis víctimas.
«Gracias a la pronta acción de las autoridades, se rescataron cinco menores y una adulta a quienes, según las investigaciones, obligaban a consumir alcohol y drogas», detallaron las autoridades.
Los procedimientos se ejecutaron en Sonsonate y en La Libertad Costa. El ministerio público logró el decomiso de un arma de fuego, municiones, dos vehículos, una moto acuática, 10,000 dólares en efectivo, droga, celulares y diferentes tipos de documentos. Asimismo, se encontró maquillaje y pertenencias de mujeres.
Méndez será procesado por los delitos trata de personas en la modalidad de explotación sexual e instigación, además de inducción o ayuda al consumo de drogas.
Mientras que, el pasado 25 de agosto, el ministerio público materializó 14 inmuebles y dos productos financieros valuados en $4,554,565.95, que están relacionados a una estructura que se dedicaba al tráfico ilegal de personas y trata de personas.Los inmuebles están ubicados en La Paz, La Libertad y San Salvador.
Las autoridades explicaron que entre los bienes se encuentra una residencia un los Planes de Renderos, la cual era utilizada como albergue de personas extranjeras que pagaban porque los llevaran de manera irregular hacia los Estados Unidos. Las personas afectadas por esta materialización son Eusebio Argueta Hernández, Marta Elena Juárez Sibrían y Olga Graciela Argueta Juárez.
Mientras que los bienes productivos afectados son ARG Inversiones, S.A de C.V. y Corporación Creativa, S.A de C.V.
Según las investigaciones, los involucrados en dicha red cobraban entre $13,000 y $16,500 por llevar de forma ilegal a las personas hacia Estados Unidos.
