La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la estructura colombiana de préstamos ilegales «gota a gota» comprobó que la organización terrorista extranjera Tren de Aragua (TdA) quería quitarles el «negocio» y de esa forma ingresar a delinquir a El Salvador. 

De acuerdo con reportes oficiales, en Perú y Colombia, la pandilla venezolana ha incursionado en esa práctica ilegal, lo cual ha provocado enfrentamientos armados con los grupos colombianos que iniciaron con la modalidad de préstamos ilegales.

Sin embargo, la rápida intervención de las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado frenó el crecimiento del grupo delictivo y en julio de 2023 desarticuló la red colombiana que fue procesada por agrupaciones ilícitas, receptación, lavado de dinero, estafa informática y hurto a través de medios informáticos.

Las autoridades revelaron que la estructura se instauró en El Salvador entre 2013 y 2014. En ese momento, la red actuaba en complicidad con las casi extintas estructuras terroristas desarticuladas con el régimen de excepción y el Plan Control Territorial.

En el operativo llevado a cabo en 2023 detuvieron a 105 colombianos, dos guatemaltecos, un argentino y dos salvadoreños. También incautaron más de $70,000, 41 motocicletas, dos vehículos, 55 celulares y dos computadoras.

En esa oportunidad, el fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que desde 2020 al 2023, la estructura criminal había remesado a Colombia un total de $20 millones producto de las estafas y extorsiones a los salvadoreños.

«Estas personas se dedicaban a ofrecer créditos aproximadamente a un 20 % de interés y luego efectuaban rutas de cobro diarias que eran posteriormente exigidos a las diferentes personas que caían en sus engaños. El problema es que esta gente recurre a mecanismos ilícitos para obtener el pago de estos préstamos. De manera tal de que ellos se dedican a, básicamente, ejercer la justicia por propia cuenta, ya que solicitan el pago de estos préstamos por medio de lesiones, amenazas y extorsiones a los salvadoreños que han caído en sus engaños», detalló Delgado, en esa ocasión.

Esa vez, el funcionario indicó que cuando las víctimas no podían pagar el préstamo, usurpaban su identidad y con ello obtenían, principalmente, acceso a cuentas bancarias, tarjetas de débito, y posteriormente los usaban para remesar el dinero a las cuentas de la estructura en el extranjero.

El caso comenzó a ser investigado cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a limpiar las comunidades de pandillas, en el marco del régimen de excepción, detectaron la presencia de colombianos y al verificar con la Dirección General de Migración descubrieron que desde el 2021 habían ingresado 400 ciudadanos de ese país.

Nicolás Maduro y su relación con el Tren de Aragua

En febrero de este año, la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, manifestó que era ingenuo creer que el gobierno del presidente Donald Trump no tuviera duda de la amenaza a la seguridad hemisférica que representa el régimen de Maduro, además acusó al presidente venezolano de ser el cabecilla del Tren de Aragua.

«¿De verdad alguien cree que Trump no sabe que Nicolás Maduro es el cabecilla del Tren de Aragua? ¿Alguien puede tener dudas de eso? De verdad creen que es posible, como decían algunos aquí, que iban a hacer borrón y cuenta nueva, y con ello borrar sus vínculos con Irán, con Hezbolá, los pasaportes que les han dado para infiltrar terroristas, sus vínculos con los carteles de narcotráfico, su apoyo al ELN», afirmó Machado en esa ocasión.

En tanto, en mayo de este año, un memorando del FBI develó nuevos detalles sobre porqué la agencia concluyó que algunos funcionarios del gobierno venezolano probablemente tuvieron alguna responsabilidad por las acciones del TdA en EE.UU.

«El FBI considera que algunos funcionarios del gobierno venezolano probablemente faciliten la migración de miembros del TdA de Venezuela a Estados Unidos para promover el objetivo del régimen de Maduro, de socavar la seguridad pública en Estados Unidos», decía el memorando.

En el informé también se detalla que el Buró también expuso que algunos funcionarios del gobierno venezolano, «probablemente utilizan a miembros del TdA como apoderados» de algunos de sus negocios.

Mientras que, en enero de este año, la Fiscalía chilena señaló al gobierno del venezolano  Nicolás Maduro por su presunta participación en el asesinato del exmilitar opositor venezolano Ronald Ojeda, cuyo cadáver fue hallado en marzo de 2024 enterrado en una barriada informal de Santiago de Chile después de haber sido secuestrado días antes por delincuentes disfrazados de policías chilenos.

De acuerdo con información de la cadena Chilevisión, uno de los testigos clave del caso dijo a los investigadores que Diosdado Cabello, dirigente clave y ministro del Interior de Venezuela, había encargado y pagado el secuestro de Ojeda a criminales del TdA en Chile y a quien entonces se consideraba su máximo responsable local, Héctor Rusthenford Guerrero, alias «Niño Guerrero».

«Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del «Niño Guerrero», pagando a través de él», declaró este testigo según los documentos obtenidos por Chilevisión.

Al coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Nacional, Héctor Barros, le preguntaron si tenía la convicción de que la muerte de Ojeda había sido ordenada por el gobierno venezolano y por Diosdado Cabello, y respondió. «De acuerdo con los antecedentes de la investigación, sí. Dijimos en un principio que por el perfil de la víctima esto era un hecho político, pero los antecedentes que ahora existen en la investigación dan cuenta que ya no solo es por el perfil de la víctima, sino que los pagos habrían sido realizados por el Gobierno venezolano».

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En reiteradas ocasiones, el régimen de Maduro negó que decenas de pandilleros expulsados de Estados Unidos y recluidos transitoriamente en el Cecot, fueran miembros del grupo terrorista y reiteró que «eran inocentes».

Pero según medios venezolanos, dentro del grupo de criminales del TdA enviados a Venezuela, a mediados de julio, estaba Yonel Toro Noguera, ex investigador, quien es buscado por su presunta participación en el asesinato del rapero Tirone González, que era conocido artísticamente como «Canserbero».

Trascendió que los repatriados fueron amparados por el Sistema Judicial venezolano para quedar libres y solo con medidas, a pesar de que varios enfrentan cargos por homicidio, secuestro y extorsiones, trata de personas.