La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República demando ayer en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, al exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) en el gobierno del FMLN, Eduardo Linares, por supuesto enriquecimiento ilícito de $248,598
A Linares, quien estuvo en el OIE, durante los primeros dos años del gobierno de Mauricio Funes (2009-2011), le detectaron un incremento patrimonial injustificado, dijo uno de los fiscales que acudió a presentar la demanda.
Según el ministerio público, el exfuncionario no pudo justificar la procedencia de su incremento patrimonial ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que revisó la declaración jurada que presentó.
Según la demanda civil interpuesta en la Cámara, Eduardo Linares compró inmuebles y pagó productos financieros como tarjetas de crédito y efectuó depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias sin que se determinara el origen del dinero.
«De acuerdo al análisis de sus declaraciones, la Corte Suprema de Justicia determinó ciertas irregularidades que él no pudo superar. En el caso propiamente de él fueron cinco irregularidades que consisten en depósitos bancarios en efectivo, compra de inmuebles, pagos realizados en efectivo a tarjetas de crédito y una diferencia negativa de análisis de ingresos y gastos», explicó el fiscal.
En el proceso iniciado la Fiscalía asegura que se desconoce el origen del dinero que durante esos dos años Eduardo Linares obtuvo y que utilizó para hacer pagos personales y adquirir diversos bienes. El funcionario no pudo desvanecer esos señalamientos ante la Sección de Probidad.
La Fiscalía también ha demandado a su hijo Douglas Eduardo Córdova a quien le detectaron un incremento patrimonial injustificado por más de $22,000 en el período que su padre fungió como director del OIE.
A Córdova, durante la investigación realizada por el ministerio público dice que le hallaron tres irregularidades consistentes en depósitos bancarios en efectivo, por medio de cheques y en cuentas de ahorro.
«Todo esto sumado en total, son $270,609.47 y en la demanda que estamos presentando estamos reclamando para que sea devuelto al Estado por haberse incrementado de una manera injustificada su patrimonio», agregó el fiscal del caso.
