Después de cuatro años y ocho meses, el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca, enfrentaron la audiencia probatoria en la Cámara Primera de lo Civil por supuesto enriquecimiento ilícito, los magistrados resolverán el próximo 5 de enero si los encuentran responsables o los exoneran.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la atribuye al expresidente Saca, un incremento patrimonial no justificado de $4 447,000 detectados en cinco irregularidades, al principio lo señaló por un monto de $3,970,013.23, pero la pericia financiera contable presentada por el Ministerio Público incrementó la cantidad.
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Con respecto a la exprimera dama, cuando se presentó la demanda en su contra la Fiscalía dijo que por dos irregularidades tuvo un incremento patrimonial de $589,608.42, pero con la pericia el monto aumentó a $718,000.
La Fiscalía está pidiendo que se les condene a devolver al Estado, $5,165,000 y se les inhabilite para ejercer un cargo público por un plazo de diez años.
«En el proceso, con la prueba que se ha verificado y el peritaje financiero se estableció que el monto es más y se está solicitando que se les condena a devolverle al Estado los más de $5 millones por no haber justificado de donde obtuvo esos fondos», explicó uno de los fiscales del caso.
El representante del Ministerio Público, dijo que la base de la demanda civil es toda la documentación que contiene el expediente que envió la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, documentos de todos los movimientos bancarios y la pericia que determinó el monto total del incremento patrimonial.
Saca, fue condenado a diez años de cárcel por peculado y lavado de dinero, por el desvío de más de $300 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, mientras que la exprimera dama es procesada por lavado de dinero de $17 millones y espera de la vista pública.
«Como Fiscalía estamos solicitado que además de la condena para que devuelvan al Estado los más de $5 millones, estamos pidiendo que se inhabilita para que no puedan ejercer un cargo público durante diez años».
Fiscal del caso
