En una audiencia especial, la Fiscalía General de la República ha solicitado este jueves a los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador que admita como prueba las escuchas telefónicas que confirman las negociaciones que tuvo con las pandillas Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014.
Esos audios fueron rechazados como prueba en la audiencia preliminar que desarrolló la Cámara Primera de lo Penal cuando envió a juicio al exfuncionario.
«Prácticamente la prueba está radicando en cuestiones de certificaciones, audios de intervenciones que vendrían a corroborar la existencia de la pandilla MS», dijo una de las fiscales del caso.
La Fiscalía acusa a Quijano de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, delitos que se surgen cuando supuestamente se reunió con jefes de pandillas para negociar beneficios penitenciarios y entregarles $100,000 a cambio que votaran para ser electo presidente de la República de El Salvador.
«Estos hechos se llevaron a cabo durante la segunda vuelta electoral del año 2014, específicamente en marzo, antes de esas elecciones cuando él fungía como candidato por parte de ARENA para la Presidencia. Esta persona se reunió con los pandilleros de la MS y les ofreció una serie de beneficios a favor de que tuvieran el apoyo en cuanto a votos tanto de sus familiares y los pandilleros, y así obtener el gane» agregó la representante del ministerio público.
En el expediente judicial se menciona que en una reunión que sostuvo con los cabecillas de las maras a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca, Quijano pidió a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la Pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por ARENA y que a cambio invertiría $100 millones para beneficiar a las pandillas, si ganaba los comicios.
Les informó que los $100 millones, iban a salir del presupuesto general de la nación y que ese dinero ya estaba disponible porque el gobierno del FMLN saliente no los había ocupado.
Quijano manifestó a los terroristas que esos $100 millones serían utilizados para programas sociales en favor de las pandillas, que los cuarteles iban a ser ocupados como granjas de reinserción.
