La Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, que gire orden de captura al expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, al exdiputado Rodolfo Antonio Párker Soto y a tres militares retirados que no comparecieron a la audiencia preliminar.
El argumento del ministerio público es porque fueron notificados por esa sede judicial y no acudieron al llamado, según el ministerio público no basta haber enviado a sus abogados, Cristiani Burkard y Párker, quienes supuestamente están fuera del país, pudieron haber viajado para someterse al proceso.
Juan Rafael Bustillo Toledo, Joaquín Arnoldo Cerna Flores y Juan Orlando Zepeda Herrera, también fueron notificados, es más, el abogado de los últimos dos, le informó al juez el pasado miércoles, que había hablado con sus defendidos y que el no acudir al llamado judicial fue decisión de ellos.
En los alegatos iniciales. la Fiscalía ratificó el dictamen de acusación señalando de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo, a los 11 acusados.
El equipo de siete fiscales de la Unidad de Investigación de delitos cometidos durante el conflicto armado, le dijeron al juez que los ilícitos atribuidos son considerados de lesa humanidad.
Ese argumento del ministerio público se debe a que todos los delitos fueron cometidos en contra de civiles que no pertenecían, ni tenían vínculo alguno con grupos subversivos, además es un crimen de guerra que debe ser visto de esa manera, los hechos acusados en el proceso penal son imprescriptibles
Mencionaron los cargos y funciones que en ese momento cada uno de los militares tenían como parte de un grupo de poder que era el Estado Mayor de la Fuerza Armada. La masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, fue cometida el 16 de noviembre 1989 en un patio de la zona de residencias de los sacerdotes en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
