El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó este lunes, que desde que se inició la investigación en contra de la financiera Credicash, que operaba principalmente en Chalatenango y que estaba liderada por Gerson Orellana Ayala, han recibido 180 denuncias.
«Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas en contra de Gerson Orellana Ayala. Estamos determinando también cuánto dinero entregó cada persona. Principalmente establecer los niveles de inversión que pudo haber realizado cada persona», explicó Delgado.
La FGR ha establecido un centro de levantamiento de datos para identificar a las víctimas del caso Credicash y resolver lo más pronto posible sus casos. Las personas pueden acudir a cualquier oficina de la Fiscalía para exponer su caso.
«Incluso, eso nos lleva a realizar una debida diligencia de estas personas. ¿Por qué? Para determinar si son personas que realmente existen, y, si estas personas existen, también determinar si no tienen vinculaciones con organizaciones criminales, y también determinar si las inversiones han sido reales», añadió el fiscal general.
La baja cantidad de denunciantes contrasta con los cientos de personas que se veía en diversos videos de redes sociales, en largas filas a la entrada de la financiera en la sede principal de Chalatenango y con los 18,000 contratos de mutuo que se han incautado y en los que se ha verificado que pueden existir uno o más acreedores, según detalló Delgado.
Como resultado de las diligencias realizadas, la Fiscalía ha logrado la incautación de $27,550,750 en efectivo, así como la inmovilización de $11,023,972 en cuentas bancarias, alcanzando un monto total asegurado de $38,574,722. Adicionalmente, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos.
La Fiscalía determinó que Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo 10% mensual una cifra que ningún banco del sistema paga por ahorros.
De acuerdo con la investigación preliminar, la empresa realizaba captación ilegal de fondos y estaría vinculada a los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos. Las autoridades señalaron que el mecanismo utilizado no corresponde a una actividad financiera legítima, ya que el sistema diseñado para captar dinero carecía de respaldo económico real.
Según las indagaciones, Credicash ofrecía altos rendimientos con bajo riesgo, sin que existiera una actividad productiva que generara dichas ganancias. Los pagos de intereses o utilidades se realizaban con el dinero aportado por nuevos inversionistas, lo que evidencia un esquema piramidal o conocido como Ponzi.
«A las personas se les promete ganar dinero rápido y sin ningún tipo de riesgo. Algunas personas reciben dinero al inicio, lo que hace creer que todo está funcionando bien. Pero ese dinero que se vende como “ganancia” no proviene de ningún negocio real», explicó Delgado
Para ejecutar el fraude, se utilizó la figura del contrato de mutuo como mecanismo de engaño. Los clientes entregaban dinero y firmaban documentos ante notario en los que figuraban como acreedores, mientras los administradores del esquema aparecían como deudores.
En distintos procedimientos realizados en Chalatenango, las autoridades incautaron diversas cantidades de dinero en efectivo: en una vivienda de la colonia Joya Lenca, residencia de Gerson Orellana, $7,269,198.04 y 2,140 quetzales; en la sede principal de Credicash, $20,244,419.67; en el inmueble donde funciona la funeraria Águilas del Norte, $2,160.86; en oficinas de Credicash en Nueva Concepción, $117,038.45 ; en la empresa Transportes Imperio Yajaira S.A. de C.V., $29,078.93; en la terminal de buses de la ruta 125, $34, 476.68 y en oficinas de la sociedad Encanto Marino S.A. de C.V., $2,655.81.
Orellana Ayala ya está detenido y posee antecedentes por estafa desde 2020 y presuntos vínculos con la pandilla MS-13.
El titular de la Fiscalía asegura que el compromiso de la institución es investigar a fondo cada uno de los hechos que motivaron los procedimientos realizados en Chalatenango. En segundo lugar, identificar a los responsables (ya capturado el Orellana). Y, en tercer lugar, recuperar la mayor cantidad posible de dinero, ya sea mediante la inmovilización de fondos en cuentas bancarias o a través de incautaciones de efectivo para devolverlo a las personas que confiaron en el ahora imputado.
