El Tribunal de Sentencia de San Vicente concluyó el juicio en el que son acusados ocho exguerrilleros acusados de asociaciones ilícitas, privación de libertad y del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989 en el cantón Santa Marta, distrito de Victoria, departamento de Cabañas.
En la jornada de ayer se conoció el testimonio de algunos testigos, así como de peritos de Medicina Legal, cuyos interrogatorios estuvieron a cargo del equipo de fiscales y abogados defensores.
Al final de la audiencia, la Fiscalía solicitó 30 años de prisión por asesinato, 6 por privación de libertad y 3 por asociaciones ilícitas. El tribunal programó para el 21 de agosto el fallo de este juicio, al cual, los acusados no comparecieron, por lo que fueron declarados rebeldes desde el 3 de febrero de 2025 cuando no se presentaron y tampoco justificaron su incomparecencia.
Durante los tres días de juicio, se recibió la declaración de siete testigos, así como prueba documental y pericial.
La realización de esta vista pública es una repetición ordenada por la Cámara Segunda de lo Penal de Cojutepeque, Cuscatlán, tras una apelación que la Fiscalía presentó por la exoneración que el 18 de octubre de 2024 emitió el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque.
El asesinato de Alvarenga Leiva es considerado por la FGR como un crimen de guerra, en el que hubo tortura.
Los sospechosos son: Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Fidel Dolores Recinos Alas, conocido como Raúl Hércules o Carlos, quien fue el primer comandante de la Resistencia Nacional (RN) en el cantón Santa Marta y también fue diputado del FMLN.
También fueron procesados, Saúl Agustín Rivas Ortega, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, conocido como Chico Montes, Eduardo Sancho, conocido como Fermán Cienfuegos, excomandante nacional de la RN, uno de los brazos armados del FMLN durante la guerra, y Arturo Serrano Ascencio.
Según la Fiscalía, Alverenga Leiva fue privada de libertad porque los excomandantes guerrilleros del FMLN dijeron que era colaboradora de la Fuerza Armada.
Pedro Cruz, abogado defensor, sostiene que los señalamientos formulados en contra de los imputados tienen muchas inconsistencias y que fue evidenciado con el relato de uno de los testigos.
«Nuestra expectativa es que se esclarezca el hecho y que se llegue a la verdad (…) ya se logró establecer con la evidencia -prueba testimonial- que las personas procesadas no estaban en el lugar donde ocurrieron los supuestos hechos», dijo.
