El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador recibió los argumentos de cierre en los que la Fiscalía General de la República definió su estrategia para lograr una condena en contra de 163 pandilleros de la célula territorial Tecla Locos Salvatruchos (TLS).

Los representantes del ministerio público solicitaron al tribunal que imponga severas penas para los terroristas detenidos en el marco del régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022.

Todos enfrentan en común agrupaciones ilícitas un delito que se les atribuye por ser miembros de pandilla, la normativa ordena a los jueces que la pertenencia a una estructura debe ser sancionada con 30 años de cárcel y quienes colaboran pueden ser condenados a 20.

El perfil criminológico, que es una especie de pericia trabajad por agentes policiales mediante técnicas de vigilancia y seguimiento, análisis de grafitis y tatuajes, es clave para acreditar las agrupaciones ilícitas en la nueva modalidad de audiencia única abierta que permanecerá activa durante los próximos dos años para que los demás integrantes de la TLS sigan siendo enjuiciados.

La Fiscalía también ha pedido que sean condenados por organizaciones terroristas, homicidio agravado, extorsión, posesión y tenencia de drogas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.

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La estructura TLS estaba bajo el mando general de la Mara Salvatrucha de La Libertad que estuvo delinquiendo con un nivel jerárquico que planeó, coordinó y ejecutó crímenes que atentaron contra los habitantes de ese departamento.

Extorsionaron a empresarios, transportistas y comerciantes, quienes no accedieron a sus exigencias fueron asesinados o desaparecidos, por todos esos delitos los fiscales dijeron al tribunal que durante el juicio le presentaron suficientes pruebas que deben ser analizadas para imponer condenas en contra de homeboys, colaboradores, postes y gatilleros enjuiciados.

Según el ministerio público, «Gracias a las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República procesa de forma masiva a toda la estructura criminal en un solo expediente.  Esta modalidad permite juzgar a los pandilleros por su pertenencia a la organización, agilizando las condenas y manteniendo el proceso abierto para sumar futuros procesos de la misma clica».