El papel que han tenido policías y soldados ha sido fundamental para la implementación del modelo de seguridad de Nayib Bukele, y es que dentro del Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción tienen una misión fundamental: imponer el orden.
El compromiso de los policías y militares al servicio de la población lo han demostrado diariamente en la lucha permanente contra la criminalidad, lo cual se ha visto reflejado en la reducción de delitos, entre estos, homicidios, extorsiones, robos y otros.
Para los salvadoreños y población en general se ha vuelto común transitar por El Salvador y estar rodeados por las fuerzas del orden, y es que la permanencia de estas generó confianza en los ciudadanos y temor a los pandilleros.
Desde junio de 2019, para la puesta en marcha del Plan Control Territorial, la corporación policial y la Fuerza Armada demandaron de sus efectivos mayor esfuerzo y compromiso, y es que la primera fase requirió el desplazamiento de efectivos a escala nacional para el control de los territorios y la represión del delito.
El personal se encuentra a nivel nacional, pero en colonias que antes fueron consideradas como «rojas» por la alta presencia de pandillas la seguridad se reforzó y aumentó para el régimen de excepción, que inició el 27 de marzo de 2022, cuando el presidente Bukele ordenó el despliegue de miles de policías y soldados para iniciar una guerra contra las pandillas luego de que en el país se registró un alza de homicidios que superó los 70 crímenes en dos días. Hasta la fecha, las fuerzas del orden han logrado combatir a estas estructuras delictivas con la aprehensión de más de 80,000 de sus integrantes.
Para lo anterior, ambas instituciones que velan por la seguridad también han sido dotadas de equipo, tecnología y armamento, para así seguir combatiendo a las estructuras criminales, y los policías y los soldados han obtenido mejores condiciones salariales y prestaciones.
El trabajo que han realizado las fuerzas del orden público ha sido validado por la población y ha recibido una alta nota por parte de los salvadoreños, luego de dos años de la entrada en vigor del régimen de excepción en el territorio nacional. Una de las más recientes encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), consignó que con nota de 8.1 se califica el trabajo de la FAES y de 7.92 la labor de la PNC.
LA DIGNIFICACIÓN HA SIDO FUNDAMENTAL
Una de las misiones del Gobierno de Bukele ha sido dignificar a los policías y soldados, dotándolos de equipos y herramientas, así como mejorando las condiciones laborales.
Desde la fase III del PCT se incluía la modernización de las fuerzas de seguridad. Se destinaron más de $210 millones para dotar de nuevo y mejor equipo a policías y soldados e incentivos económicos como el bono trimestral y de alimentación.
«Por ejemplo, antes ellos ganaban $260; de eso tenían que destinar dinero para comprar botas y otros implementos que la institución debía darles. Por eso ellos andaban más preocupados por resolver cómo mantener a su familia, trabajaban en milpas, en «night clubs», lugares donde convivían con la misma delincuencia. No debemos cometer los mismos errores en épocas pasadas. Para evitarlos tuvimos que hacer un cambio en la conducción de la institución para que eso se refleje en las acciones del soldado cuando está en la calle», ha dicho el ministro de la Defensa, René Merino Monroy.
POLICÍAS Y SOLDADOS YA ESTÁN SEGUROS
Hace unos años, principalmente bajo los gobiernos del FMLN, las fuerzas de seguridad fueron víctimas también de la violencia que generaban las pandillas. Los registros oficiales indican que entre 2014 y 2022 fueron asesinados 288 policías y más de 120 integrantes de la Fuerza Armada, todos en ataques armados de la pandilla 18 y la MS.
La brutalidad con que eran asesinados los agentes de las fuerzas del orden obligó a cientos de policías a abandonar la institución.
Sin embargo, con la llegada del actual Gobierno, los ataques a policías y soldados y las deserciones de estos disminuyeron. Desde junio de 2019, las deserciones en las fuerzas del orden se redujeron en más del 50 %.
