Como un «monumento a la transparencia» fue como el presidente Nayib Bukele denominó a la recién inaugurada Central Hidroeléctrica 3 de Febrero, cuyo costo final llegó a $800 millones y demoró 15 años su proceso de construcción, tras una estela de corrupción de parte de tres gobiernos anteriores que encarecieron la obra en más de $580 millones.
El proyecto de la presa El Chaparral fue iniciado en 2008 por el exmandatario de ARENA Elías Antonio Saca (condenado por corrupción) y luego sirvió al expresidente del FMLN Mauricio Funes para corromperse y recibir millones en sobornos de parte de la constructora italiana Astaldi, según la Fiscalía General.
El proyecto El Chaparral fue símbolo de la corrupción por el mal uso de los recursos públicos, cuyo costo final fue de $800 millones, de una inversión inicial prevista de $219.9 millones.
«Este proyecto se prometió desde el gobierno de ARENA. El expresidente Saca colocó la primera piedra en 2008. Luego vinieron los gobiernos del FMLN y prometieron terminar el proyecto. Pero lo único que hicieron fue crear empresas y cuentas bancarias fachada para robar miles de millones de dólares», dijo el presidente Bukele.
El mandatario salvadoreño recordó que El Chaparral, «como todos sabemos, estuvo rodeada de mucha corrupción, pues debía entregarse en cuatro años, pero nunca se avanzó en nada. Solo dejaron un hoyo y se llevaron millones de dólares».
Por el millonario caso de corrupción, la justicia procesa al prófugo Mauricio Funes, quien en septiembre de 2022 fue declarado rebelde por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, y también José Leopoldo Samour, expresidente de CEL.
Además, son rebeldes los representantes de la empresa Astaldi Mario Pieragostini Maiocchi y José Efraín Quinteros. El único imputado presente es José Miguel Menéndez, alias Mecafé, cuyo caso fue separado del resto de los procesados.
Funes se ha tratado de desvincular del caso, aduciendo que en su Gobierno solo desembolsaron $28.5 millones, aunque fue en su gestión cuando se rompió contrato con la constructora Astaldi vía «arreglo directo», lo que provocó retrasar y encarecer la obra al Estado.
LA JOYA DE LA CORRUPCIÓN DE LOS GOBIERNOS DE ARENA Y DEL FMLN
El 26 de septiembre de 2008 se suscribió entre CEL y la constructora italiana Astaldi el contrato CEL-4143-S, con la finalidad de ejecutar la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, cuyo costo fue fijado en $219,900,509.
Sin embargo, Astaldi incumplió el contrato al cometer atrasos significativos en la obra desde su inicio, hasta llegar a la suspensión unilateral de los trabajos. El incumplimiento constituía motivo suficiente para que CEL caducara el contrato, le impusiera multas e hiciera efectivas las fianzas contractuales.
La constructora interpuso ante la CEL, ya en la gestión Funes, una serie de reclamos donde se alegaba la existencia de situaciones geológicas no comprobadas, como el movimiento de la margen derecha del cauce del río, que denominaron «imprevistos imprevisibles». Con esto justificaron un incremento o ajuste del precio del contrato.
El 22 de agosto de 2010, CEL contrata a la firma legal internacional Curtis Mallet-Prevost, Colt & Mosle, S. C., expertos en arbitrajes internacionales, con el objetivo de prevenir un posible litigio con Astaldi.
CEL contrató a la empresa Novotec para que hiciera un peritaje en el sitio de la obra, emitiendo un dictamen técnico que sustentaba las argumentaciones de CEL ante un posible arbitraje.
En ese entonces, con el aval de Funes, Mecafé ordenó a los asesores legales locales buscar el arreglo directo con Astaldi y evitar el arbitraje, según lo ha documentado el ministerio público.
Posteriormente, Funes nombró a José Leopoldo Samour Gómez como presidente de CEL y el 11 de julio de 2011 ejecutó la orden previa de llegar a un «arreglo directo» con Astaldi, a la que le pagaron el costo de la obra ejecutada hasta ese momento (29 %) más una suma adicional de $45,244,418, sin existir base legal ni técnica para pagar un monto adicional. En total le pagaron $108 millones.
Paralelamente, cuando se daban las negociaciones para llegar al arreglo directo con Astaldi, Mecafé, en compañía de Samour y otras personas, viajó a Panamá entre el 10 y el 12 de junio de 2012, un mes antes de formalizarse el arreglo.
En este viaje adquirieron una sociedad fachada denominada Headford Business y abrieron una cuenta bancaria en el FPB Bank Inc. de Panamá a nombre de Headford Business, que se utilizó para recibir las dádivas que Astaldi entregó a Funes y a Mecafé por el arreglo directo que benefició a la italiana con más de $45 millones.
Una vez se comenzaron a ejecutar los desembolsos de CEL hacía Astaldi, Menéndez, en acuerdo con Pieragostini y la participación del testigo clave «Mateo», elaboraron contratos falsos en los que simulaban el pago o retribución de servicios supuestamente brindados por la sociedad Headford, recién adquirida por Miguel Menéndez, y dos sociedades fachadas relacionadas con Astaldi: Railway International Trading Corp. y Rift International, S. A. Estos contratos fueron presentados al FPB Bank en Panamá. A su vez, Mecafé adquirió otra sociedad panameña denominada Rayne Services y le abrió una cuenta en el FPB Bank.
Según un testigo del caso, Mecafé consiguió $3.5 millones de Astaldi en beneficio de Funes. Este monto ingresó a las cuentas bancarias de Headford Business y Rayne Services. Tras un peritaje, en las cuentas bancarias de las sociedades adquiridas por Mecafé en Panamá se constató que Rayne Services Corp. recibió depósitos por $1,500,000 y Headford Business por $2,000,000, lo que concuerda con el último incremento negociado con Astaldi.
Esta imagen es representativa de lo que dejaron dos gobiernos del FMLN. Pasaron 10 años sin construir la presa, pero pagaron millonarias sumas a la constructora Astaldi.
