En el último año, las autoridades han reportado la captura de varios pandilleros y delincuentes juveniles que fueron detenidos en el pasado y fueron dejados en libertad por las leyes y jueces de menores, ahora, han sido recapturados por actuales autoridades, quienes buscan que pasen varios años en prisión, apoyados en las reformas a la Ley Penal Juvenil y Código Penal.
«Este compacto de reformas de ley tiene unas particularidades muy interesantes porque se aprovecha la cadena perpetua para terrorismo y se establece una nueva definición del delito de pertenencia a organización terrorista local o pandilla y eso nos permite tener un delito especial y, además, con la reforma se crean los juzgados de lo criminal», señaló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Las declaraciones del funcionario se dieron el pasado 26 de marzo, una semana después que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil.
«Estas reformas también incorporan a los menores de edad a un tratamiento más serio y responsable por parte del Estado, porque un menor que viola o mata, debe tener cadena perpetua», agregó Villatoro.
Las reformas a la Ley Penal Juvenil contemplan un cambio a los artículos 8, 9 y 15. Con ello se busca que un menor de edad que cometa un hecho tipificado como delito grave reciba la pena de prisión perpetua.
En este sentido, las autoridades han procedido a la captura de pandilleros que cometieron delitos cuando eran menores y fueron liberados por las leyes garantistas y jueces a su favor en ese momento.
Una de las recapturas ocurrió el pasado 8 de abril, el detenido fue identificado como Walner Edenilson Quijada Cortez, alias Roro, de la MS, quien fue intervenido cuando se dirigía a vender marihuana en Ciudad Arce, La Libertad Centro.
«Este sujeto, miembro de la clica Zapotitanes Criminals Salvatruchos, ya había sido capturado en 2022 y 2023, sin embargo, la Ley de Menores y jueces de menores lo liberaron en ambas ocasiones», informó la Policía Nacional Civil.
La corporación policial detalló que, con esta, Quijada Cortes suma su tercera captura en cuatro años. «Esta vez será remitido por agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de drogas», indicó la PNC.
En otro caso, el 5 de abril, el ministro de Seguridad informó sobre la captura de Miguel Ángel Campos Chicas, de 18 años, quien es acusado de robo y agresión.
«Este es el resultado del sistema débil que algunos todavía defienden: delincuentes que son capturados y luego liberados para volver a atacar a personas inocentes», indicó Villatoro.
El funcionario detalló que Campos Chicas ingresó a la vivienda de un anciano que regresaba de una procesión religiosa; se escondió debajo de su cama y, al ser descubierto, lo sometió para robarle el dinero que llevaba.
«Este sujeto ya había sido detenido en 2024, cuando era menor de edad, pero los jueces de menores lo dejaron libre. Por casos como este estamos impulsando reformas que fortalezcan nuestras leyes, porque los criminales deben enfrentar verdaderas consecuencias y no volver a las calles a seguir dañando a la población», enfatizó Villatoro.
El crimen fue cometido en el cantón Paso de Gualache, distrito de Tecapán, Usulután Este. La víctima interpuso la denuncia y de inmediato la Policía y Fuerza Armada localizaron al delincuente.
CREACIÓN DE JUZGADOS
En las reformas al Código Penal aprobadas por los parlamentarios se introdujo un nuevo artículo (51-A) que permitirá la creación de los Juzgados de lo Criminal, con competencia exclusiva para conocer, juzgar y ejecutar las penas en procesos por homicidio, feminicidio y violación, incluyendo la revisión de la prisión perpetua y el control del cumplimiento de las condenas contra adultos y menores de edad.
Los mismos tribunales realizarán la «revisión obligatoria» de la pena perpetua y podrán otorgar un «régimen de libertad controlada» en el caso delitos de menores de edad que hayan cumplido 25 años de prisión, y en los adultos la revisión será cuando hayan purgado entre 30 y 40 años.
Antes de las reformas, la legislación salvadoreña tenía como condena máxima 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia por buena conducta o por trabajos para la comunidad.
