La comisión de seguridad nacional y justicia de la Asamblea Legislativa dictaminó ayer favorable a la iniciativa del Ejecutivo que reforma el Código Penal para combatir frontalmente la corrupción estatal en sus servidores y empleados, así como también en los particulares.
Dichas enmiendas a la legislación penal -aplicable a empleados de los tres Órganos del Estado, municipales, autónomos y descentralizados- aumentan las penas de prisión, no contemplan medidas sustitutivas, crean nuevas figuras delictivas y clarifican conceptos propios de la administración pública.
«En El Salvador se va a perseguir por igual al corrupto y al corruptor. Se está llegando a una sanción hasta los 20 años de prisión», dijo a los diputados de la comisión el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien recordó que «la corrupción es un flagelo que hay que combatir con firmeza».
Además, se califican de «naturaleza grave» todos los delitos relacionados con la corrupción, por lo que esos ilícitos ya no tendrán penas de prisión menores a tres años ni tampoco serán sancionados con días multas.
El delito de enriquecimiento ilícito podrá ser judicializado por la vía penal independientemente de que exista o no una decisión de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las enmiendas a la legislación penal «están acordes a las exigencias» de la Oficina de Naciones Unidas contra la Corrupción, y del derecho internacional, explicó Delgado a los legisladores.
