La iglesia católica entregó ayer a la Asamblea Legislativa 150,000 firmas de igual número de ciudadanos que piden a ese Órgano de Estado derogar la Ley de minería metálica, aprobada a finales del año pasado, indicando que dicha solicitud se hace «movidos únicamente por el bien común de este pueblo, sobre todo, el bien de los más vulnerables».
La petición fue presentada por el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, en la oficina de entrega de correspondencia del congreso, en compañía de sacerdotes y algunos fieles católicos. Minutos antes Escobar Alas había expresado que la misma se hacía sin ningún interés político o de grupos de poder.
«Nosotros no hemos querido buscar ningún apoyo. No es nuestro interés de carácter político, ni partidista, ni económico tampoco. Nuestra acción tiene carácter pastoral (y) una genuina preocupación por el bien de todos, por el bien del pueblo», dijo monseñor.
Por su parte, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), en un comunicado difundido en la cuenta X de la arquidiócesis de San Salvador, afirmó que las firmas «son la voz del pueblo que clama por la derogación de la ley de minería por ser altamente nociva contra la vida y contra el medio ambiente».
«No hemos buscado a ningún diputado. No quisimos seguir eso, que es el camino normal. Este es un camino especial porque son 150,000 personas que vienen a la Asamblea con nosotros a través de su firma», señaló Escobar Alas.
En tanto, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, pidió ayer realizar una reforma a la Constitución de la República para prohibir la minería y garantizar el derecho al agua y saneamiento, indicando que había 150,000 firmas presentadas al congreso que apoyaban su propuesta.
Según Ortiz, quien fue la única que firmó la petición para reformar la Constitución, aseveró que la enmienda era para garantizar «el derecho al agua y su saneamiento, garantizar agua saludable y accesible y que se prohíba la minería metálica» en El Salvador, agregando «un inciso final al artículo 117 de manera que establezca la misma se prohíbe la minería metálica en el suelo y subsuelo de El Salvador». Además, solicitó que la normativa actual fuera derogada.
