El exministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés acudió ayer a dos audiencias en procesos que enfrenta por delitos de corrupción y lavado de dinero.
Primero fue ante el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, que ha comenzado la audiencia de sentencia que definirá si el Estado de El Salvador se queda con $4,638,164.91 en bienes, inmuebles y cuentas bancarias decomisadas al funcionario y sus parientes.
En otra audiencia especial, por la tarde, en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, fueron designados dos peritos, quienes determinarán el monto total de enriquecimiento ilícito de Munguía Payés.
El exfuncionario es procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por un monto de $1,147,650. En el caso de la extinción de dominio, el ministerio público también pretende lograr que bienes inmuebles y cuentas a nombre de la madre del exfuncionario, Blanca Lidia López Méndez, el hermano José Roberto Dheming Valle y la hija Blanca Patricia Munguía Molina pasen al Estado, ya que los habrían obtenido de manera ilícita, con el dinero cuestionado al exfuncionario.
Fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio han anexado variedad de prueba para acreditar que los bienes de Munguía Payés y sus parientes fueron obtenidos ilícitamente y que tienen su origen en delitos de corrupción y lavado de dinero.
Según documentos recopilados en la etapa de investigación, el exministro y sus familiares tienen a su nombre inmuebles, cuentas bancarias y vehículos, pese a que no tenían la capacidad económica para comprarlos por los ingresos percibidos legalmente.
Sobre esos bienes sujetos a la acción de extinción de dominio, la Fiscalía, con aval judicial, decretó medidas cautelares que el Código Procesal Civil y Mercantil determina. En este proceso, la Unidad de Extinción de Dominio ha utilizado diversos medios probatorios y técnicas de investigación que llevaron a ubicar 10 cuentas de ahorro y a plazo, dos vehículos y bienes inmuebles.
Las propiedades están localizadas en San Salvador y La Libertad, específicamente en zonas exclusivas, y un rancho de playa en Tamanique.
La investigación inició en octubre de 2020 mediante un proceso cautelar donde le intervinieron los bienes. Las pesquisas de la Fiscalía han establecido que Munguía Payés obtuvo los bienes de manera injustificada cuando ejerció sus funciones como ministro de la Defensa y ministro de Justicia y Seguridad Pública, de 2009 a 2018.
SIN JUSTIFICAR MILLONARIOS INGRESOS Y BONO NAVIDEÑOS
Durante la audiencia especial realizada este lunes ante el juez Cuarto de Instrucción fueron designados los expertos que analizarán las pruebas documentales que relacionan al también exministro de la Defensa, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por un monto de $1,147,650, informó ayer la Fiscalía.
La Fiscalía ha determinado que Munguía Payés recibió ilegalmente —entre 2009 y 2014— de las arcas del Estado $955,000 en concepto de bonificaciones mensuales y por bonos navideños. Esto fue en el primer Gobierno del FMLN, bajo la gestión del prófugo Mauricio Funes.
La institución también señala que, a través de erogaciones en el «rubro de inteligencia y espionaje», el exfuncionario obtuvo $192,650.
«El objetivo [de la designación de los peritos] es obtener la prueba técnica, se realiza el análisis de la información, la prueba documental, que ya consta en la carpeta judicial, y de ahí se obtiene un análisis técnico», explicó la fiscal del caso.
La misma fuente agregó que este proceso inició «el año pasado, [cuando] se judicializó, se presentó ante tribunales el caso en contra de él después de concluir la etapa inicial de la investigación. El monto definitivo se va a determinar precisamente en el peritaje».
El exministro fue uno de los ejecutores de la tregua con las maras en 2012, por lo que fue condenado a 18 años de cárcel el 29 de mayo de 2023 por los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
