El denominado Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (Gipes) aseguró en su informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, que el ser pandillero y pertenecer a una pandilla no constituye un delito para ser encarcelado.
«El delito de agrupaciones ilícitas y la forma en el que está tipificado por los decretos legislativos adoptados en el marco del estado de excepción ponen el acento en la sola pertenencia a la organización sin requerir que se demuestren los hechos delictivos perpetrados por esta ni la conexión de los implicados con su perpetración […], se penaliza al autor por quién es y no por la comisión de actos delictivos en los cuales los presuntos imputados estarían involucrados», se lee en la página 110 del documento.
Los «expertos» también afirman en su reporte que «agrupaciones ilícitas» es un delito impreciso y según ellos la única justificación para detener «arbitrariamente» a más 90,000 personas. En el mismo informe, los «expertos» exigen la liberación de los pandilleros capturados en El Salvador durante el régimen de excepción.
Recientemente, el presidente de la república, Nayib Bukele, reiteró que los derechos de las personas honradas son una prioridad para su Gobierno y no los derechos de los criminales que son defendidos por ciertas organizaciones nacionales e internacionales que manifiestan trabajar en pro de los derechos humanos.
