El juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador declaró rebelde a José Aquiles Enrique Rais quien es acusado por cohecho propio (entregar dádivas) al ex fiscal general Luis Martínez, y ordenó la captura del prófugo.
Según la Fiscalía General de la República, Rais es acusado de cohecho propio (entregar dádivas) «en esencia, por haber entregado dádivas consistentes en viajes, vehículos, y entrega de dinero a los procesados Luis Antonio Martínez González (exfiscal general) y Edgar Isaías Márquez Argueta», quien fungía como fiscal general adjunto.
Con esa acción ilícita, se perjudicó a la administración pública y las víctimas subsidiarias Mario Ricardo Calderón Castillo, Claudia María Herrera Díaz, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, según la resolución.
El juzgado ordena la captura del imputado, librándose para ello los oficios respectivos a la Dirección General de Migración a efecto de informar sobre la alerta migratoria en caso de su ingreso al país; y a la Policía Nacional Civil, a efecto que hagan efectiva la captura.
El juzgado también desestimó diversos recursos de los abogados defensores de Rais, quienes pretendían «cesar la detención provisional», decretada por el Juez Cuarto de Paz de San Salvador desde octubre de 2018, la cual además fue ratificada por la Cámara Primera de los Penal de la Primera Sección del Centro en sentencia de apelación del 11 de marzo del 2019.
La declaratoria de rebeldía está sustentada en que Rais, ha sido legalmente citado por los medios regulados por el Código Procesal Penal para tal efecto, y a esta fecha no ha comparecido al llamado judicial, y tampoco ha presentado ninguna justificación, se lee en la resolución del juzgado.
Rais también enfrenta en Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador, proceso por delitos de cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica, en perjuicio de la fe pública, y con lo cual afectó a Franco Pacetti, Mateo Pascuale, Valmore García Villalta, Emerson Josué Zelaya y Claudia María Herrera Díaz.
Rais y Martínez están implicados en el caso «Corruptela», en el que además procesan a Hugo Ernesto Blanco Rais y Aldo Vinicio Parducci y 25 imputados más.
En el expediente, Fiscalía señala que los acusados formaban parte de una red de corrupción que operaba dentro de la Fiscalía General de la República cuando Martínez era el titular, y se basó en entregas de dadivas económicas a cambio de favores personales; así como la exclusión de funcionarios y empresarios en investigaciones fiscales.
Los acusados enfrentan delitos graves como peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, lavado de dinero y activos, omisión de la investigación, cohecho activo (sobornos) y cohecho propio.
En el caso «Corruptela», la Fiscalía le reprocha a Martínez, haber recibido dádivas del empresario prófugo, Aldo Parducci, a cambio de otorgarle un contrato de arrendamiento de inmueble donde funcionaría el Archivo de la Fiscalía, supuestamente Parducci entregó a Martínez, $ 220,000 simulando un préstamo con garantía hipotecaria.
