El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, culminó la audiencia de sentencia que definirá si los bienes y dinero incautados a una estructura de pandilla 18 del Puerto de La Libertad pasan al Estado.
Fiscales que investigaron la procedencia de 17 inmuebles a nombre de pandilleros de la facción sureña de la 18 y testaferros, le dijeron al juez que con toda la prueba presentada quedó acreditada la procedencia ilícita de los fondos utilizados en la adquisición de viviendas, locales comerciales, vehículos, microbuses y autobuses.
Además, hay 19 cuentas bancarias con saldo de $54,000 que están congeladas desde que la estructura fue desarticulada. En total la Unidad Especializada de Extinción de Dominio ha establecido que pasen al Estado $360,418.81.
Este caso tiene su origen cuando la estructura Tainys Locos Sureños, fue desarticulada el 3 y 4 de septiembre del 2018 mediante la denominada «Operación Tsunami» en Apopa, San Martín, Santa Tecla y el Puerto de La Libertad.
Entre los 145 detenidos figuró el exalcalde del Puerto de La Libertad, Carlos Molina, empresarios, agentes de la Policía y colaboradores que sirvieron de prestanombres para lavar el dinero obtenido de las extorsiones, tráfico de personas, tráfico de droga y otros delitos de crimen organizado.
En las investigaciones, detectaron que los empresarios recibían el dinero que la pandilla les entregaba producto del accionar delictivo y lo invirtieron en sus negocios, así como en el transporte colectivo; con el fin de legalizar el dinero.
Durante la audiencia de sentencia los fiscales presentaron la declaración de investigadores de la PNC que tuvieron a cargo la desarticulación de la estructura y que diligenciaron con la dirección del ministerio público la «Operación Tsunami».
Un balance patrimonial reforzó lo dicho por los testigos, en ese análisis los peritos determinaron que no hubo una fuente lícita del dinero que sirvió para adquirir todos los bienes y se evidenció un incremento patrimonial no justificado.
