La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado en los primeros tres meses de este año condenas para 100 asesinos que tuvieron participación directa en uno o más homicidios cometidos por pandilleros, delincuentes comunes e intolerantes criminales en hechos registrados por la institución entre 2011 y 2024.
Se destaca la condena de 20 años de prisión para los pandilleros José Armando Aparicio Ventura y Édgar Efraín Villatoro Osorio por un homicidio en Intipucá, La Unión, el 26 de marzo de 2022, fecha en la cual la estructura de mando de la Mara Salvatrucha ordenó a sus compinches asesinar a mansalva. Ese fin de semana, 87 salvadoreños perdieron la vida.
En otro caso, la FGR informó que Elvis Moisés Herrera Hernández deberá cumplir 20 años de cárcel por asesinar a un comerciante. Este delincuente fue contratado por la esposa de la víctima para que lo matara; el crimen fue acordado por $1,000. Junto con otro sujeto, Herrera Hernández llegó al negocio de la víctima en Chinameca, San Miguel, como clientes. Aprovecharon un corte de energía para atacar a Herrera Hernández con un arma blanca. Los fiscales determinaron que la esposa de la víctima pretendía quedarse con los bienes y ahorros.
Por un asesinato en Santa Rosa de Lima, La Unión, el pandillero Juan José Hernández Orellana fue sentenciado a 33 años, pues con otros terroristas pensó que la víctima era informante de las autoridades y por eso la decapitaron en agosto de 2016.
Ese mismo año, en El Carmen, La Unión, Juan Ángel Ventura le quitó la vida a un expolicía tras obligarlo a salir de su vivienda y dispararle. El exagente intentó defenderse, pero otros terroristas se sumaron al ataque con arma blanca. Ventura fue condenado —como reo ausente— a 30 años de prisión.
Otro criminal sentenciado —a purgar 46 años— es Jairo Adonay Castellanos Arévalo, quien, además de quitarle la vida a la víctima, sustrajo de su vivienda electrodomésticos. Estos fueron encontrados por las autoridades en su propiedad durante un operativo.
CRIMINALES COMETIERON BARBARIES
La Fiscalía logró 35 años de cárcel para Ada Steffany Mata Velis por asfixiar a su hijo recién nacido, a quien luego mutiló y cuyos restos «dejó ir por las alcantarillas». Al ser encontrados por las autoridades, comenzó la investigación para capturar a la implicada.
En Ahuachapán, por asesinar a su excompañera de vida — quien además estaba embarazada— y a un menor de edad, Jonathan Alexánder Armas Patriz fue sentenciado a 110 años. La FGR estableció que, tras una discusión, el sujeto aprovechó que la víctima dormía para quitarle la vida; después se dirigió a la habitación del niño.
En un hecho similar, pero en Tonacatepeque, Cristian Giovanni Miranda Müller fue condenado a 100 años por quitarles la vida a su expareja y a su hija. Ambas sufrieron violencia y fueron atacadas con arma blanca en su habitación. Por este hecho también fue sentenciado a 60 años Rónald Antonio Hernández Gómez.
En otro caso, en Santa Ana, un tribunal impuso 20 años de cárcel a Sonia Maribel Mendoza Chávez y su hija, Jácqueline Evelin Vanegas Chávez, por asesinar a golpes a una señora de la tercera edad, a quien le reclamaron porque supuestamente insultó a la hija de una de ellas. Aunque la víctima negó estos señalamientos y se disculpó por cualquier malentendido, fue golpeada hasta morir.
