La pandilla Mara Salvatrucha ( MS-13) surgió en la década de los 80 en los barrios pobres y marginados de Los Ángeles, California, Estados Unidos y, a lo largo de más de 40 años, ha generado una ola de violencia y criminalidad que la consolidó como una red transnacional, pues su estructura, operaciones y alcance superaron las fronteras de un solo país.
Autoridades estadounidenses han declarado que se encuentra entre las pandillas criminales más peligrosas y de más rápido crecimiento a nivel mundial, y representa una amenaza directa para las comunidades de Estados Unidos y Centroamérica.
En octubre de 2012, la MS-13 se convirtió en la primera pandilla callejera criminal transnacional designada por el Departamento del Tesoro como una organización criminal transnacional (TCO).
A dicha estructura transnacional se le vincula con actividades delictivas graves, como tráfico de personas, trata sexual, narcotráfico, secuestro, asesinato, crimen organizado, chantaje, extorsión e infracciones migratorias.
Expansión a Centroamérica
Dicha pandilla se expandió a El Salvador, Guatemala y Honduras en la década de los 90 y en esta región ha sido causante de miles de homicidios, desapariciones, extorsiones, narcotráfico, entre otros delitos. Los integrantes de la MS-13 también se han expandido en México.
Esos países han enfrentado una crisis de violencia generada por la pandilla durante las últimas décadas, pero a excepción de El Salvador, no han logrado frenar su accionar criminal.
Solo El Salvador y Estados Unidos, a través de herramientas legales, ha podido enfrentar a los integrantes de la MS-13, pues varios han sido procesados y hasta condenados a cadena perpetua.
El país norteamericano aplica la ley «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act», más conocida como Ley RICO por sus siglas en inglés, una herramienta certera para combatir a pandillas como la MS-13.
«La aplicación de esta legislación ha logrado establecer y demostrar en los tribunales que, pandillas como la MS-13 o Barrio 18, funcionan con unas direcciones centralizadas en sus cabecillas y que con células o clicas que operan sobre el terreno que “controlan”», han establecido las autoridades norteamericanas. La ley RICO permite acusar a pandilleros hasta por 23 tipos de delitos federales y 8 estatales.
De igual forma, en El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele implementó el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, la combinación de ambos ha permitido desarticular a las pandillas casi por completo. En cuatro años, más de 91,900 integrantes y colaboradores de dichas estructuras, incluida la MS-13, han sido capturados.
Asimismo, recientemente, más de 480 jefes de la MS-13 enfrentan un juicio histórico por más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo 29,000 asesinatos, y miles de desapariciones y extorsiones.
Llegada a El Salvador
Fue en la década de los 90 que los primeros salvadoreños vinculados al accionar de dicha pandilla fueron deportados. Ingresaron a los barrios, colonia y extendieron sus tentáculos a institutos nacionales de educación media y así comenzaron a propagarse por todo el país, así sucedió en el resto de naciones.
En El Salvador, datos estadísticos detallan que 1992 fue el inicio de la pelea de expansión entre estructuras delictivas, incluida la MS-13, las bandas de secuestradores, asaltantes de bancos, robacarros, entre otras. Pero luego, la pandilla encontró en la extorsión y en el narcomenudeo su principal forma de financiarse.
Entre 1994 y 1999, la tasa de homicidios en el país rondó por encima de los 60 homicidios por cada 100,000 habitantes. Años más tarde se concluyó que los planes de seguridad implementados por los gobiernos de ARENA y del FMLN no erradicaron la violencia homicida en El Salvador; al contrario, la potenciaron y miles de personas perdieron la vida; además, se tiene registro de que las autoridades optaron por beneficiar o hacer tratos con estas estructuras pandilleriles.
Solo en los gobiernos de ARENA, con Francisco Flores y Elías Antonio Saca, 30,398 salvadoreños fueron ultimados, mientras que en la gestión del FMLN se registraron 40,550 homicidios. Caso contrario a lo que se ha registrado con el actual gobierno que desde 2020 al 2025 solo se han acumulado 3,333 asesinatos, la mayoría ligados a casos de intolerancia, pero además el país ha logrado cifras jamás vistas: más de 1,200 días sin homicidios en la actual gestión.
Abogan por DD. HH. de pandilleros
No obstante, de esos resultados históricos, a la fecha, el gobierno de Bukele ha sido fuertemente criticado por la oposición y ongs, quienes denuncian violaciones a derechos humanos en capturas de pandilleros.
Incluso, recientemente, durante la audiencia «A cinco años del régimen de excepción», impulsada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, representantes de diferentes organizaciones salvadoreñas (APES, Cristosal), Human Right Watch y del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy de EE.UU., abogaron por los derechos humanos de pandilleros. En la intervención algunos de ellos fueron cuestionados por su negativa a catalogar a la MS-13 como organización terrorista.
Cuando el congresista republicano, Chris Smith, les dijo «El presidente (Donald Trump) ha designado a MS-13 como una TCO, lo que otorga a nuestro gobierno mayores capacidades para intentar interceptarla, comprender sus fuentes de financiación y cómo llevan a cabo sus terribles fechorías ¿Está de acuerdo con eso? ¿Es la MS-13 una organización terrorista extranjera?», cuestionó el congresista al periodista Sergio Araúz, un abogado que estaba a la par de Arauz intervino y dijo que no daría opinión.
Pero Carlota Roby respondió: «designarlos como terroristas no los excluye de la protección de la ley».
Meses atrás, otro grupo de «expertos y expertas de derechos humanos» también se mostraron a favor de que sean liberados todos los detenidos en el régimen de excepción, los que, según datos de Seguridad, son más de 90,000 pandilleros y colaboradores, la gran mayoría son precisamente pandilleros de la MS.
